washington - Una investigación de la agencia estadounidense Associated Press reveló el pasado mes de enero que más de dos decenas de niños centroamericanos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países han sufrido abusado sexuales y han sido maltratados en las casas de acogida en las que fueron reubicados por el Gobierno.
Activistas de derechos humanos alertaron en 2012 al ejecutivo de Barack Obama sobre el aumento incesante del flujo de niños inmigrantes. Entre 2013 y 2014, la llegada masiva de menores centroamericanos -principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras- desbordó a las autoridades. Durante esos meses, la Patrulla Fronteriza detuvo a casi 70.000 niños y niñas. El pasado año fiscal -de octubre de 2014 a septiembre de 2015-, la cifra fue de 40.000. Al terminar 2015, el Gobierno abrió dos nuevos albergues en Texas y uno en California para recibir a los menores. Cifras de la Patrulla fronteriza mostraron que entre octubre y noviembre se habían detenido 10.000 niños solos.
Errores La magnitud de la crisis hizo que el Departamento de Salud agilizara el proceso de reubicación bajando los estándares mínimos para examinar a las personas que asumieron el cuidado de los menores. Se dejó de tomar huellas dactilares, no se pidieron partidas de nacimiento originales para verificar la identidad e incluso se dejó de llenar formularios con información personal de las familias de acogida.
El Gobierno suele utilizar los albergues para hospedar temporalmente a los menores antes de que sean entregados a su patrocinador, generalmente un familiar. Sin embargo, al bajar los estándares de control, los grupos criminales y traficantes de personas entraron en acción. Sin ir más lejos, las autoridades desbarataron una red de tráfico de personas en Ohio -donde estaban implicados patrocinadores- que hacía trabajar a seis menores en polleras 12 horas al día bajo amenaza de muerte.
Además, grupos civiles estadonidenses han alertado de las órdenes de deportación que pesan sobre 9,695 niños inmigrantes y lamentan la falta de garantías legales que han tenido muchos de estos menores que llegaron sin acompañantes. - DNA