madrid - Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, investigado por la Justicia colombiana por practicar presuntamente más de un centenar de abortos forzados a guerrilleras de las FARC, fue detenido ayer en España, según confirmaron fuentes judiciales.
Sobre Arboleda, de 40 años, pesaba una circular roja de la Interpol por los delitos de “tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para delinquir”, según consta en la página web de esa organización.
La Fiscalía de Colombia explicó en rueda de prensa que el acusado, conocido dentro del grupo armado como “el enfermero”, fue detenido en Madrid en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Interpol, y que ahora se espera que las autoridades españolas indiquen si residía allí de forma legal o ilegal para proceder a su extradición o expulsión.
150 abortos Arboleda es acusado por la Justicia colombiana de haber realizado alrededor de 150 abortos a guerrilleras, incluidas menores de edad, “como una política de guerra”, dijo a medios el director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León.
Según informaron las autoridades, las intervenciones se hicieron durante al menos 15 años en zonas remotas del oeste y centro de Colombia.
“Varias mujeres murieron en estas prácticas de abortos y otras quedaron con lesiones y muchas refirieron que esto para ellas fue una tortura”, declaró González León.
El ente acusador abrió el pasado viernes una investigación sobre estos casos tras acumular “elementos de juicio para demostrar que el aborto forzado era una política de las FARC”, explicó el viernes el fiscal general, Eduardo Montealegre.
guerrilleras sometidas La práctica del aborto forzado, así como la violación del derecho a la libertad sexual de las guerrilleras, fue abordada el pasado mes de abril en el informe Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC, elaborado por expertos de la Universidad Sergio Arboleda tras dos años de investigación.
En aquel documento, los investigadores señalaron que son los guerrilleros quienes facilitan anticonceptivos a sus compañeras de armas y en caso de que queden embarazadas son obligadas a abortar en la mayoría de los casos en lo profundo de la selva, con el consiguiente riesgo para su salud.
Si deciden tenerlo, pueden ser juzgadas con posibilidad de sentencia de muerte, algo que solo esquivan las novias o esposas de los comandantes, que pueden tener hijos o una mejor alimentación, lo que genera “estratificación” dentro del grupo armado, según el estudio. - Efe
