El caso de las dos chicas que aparecieron asesinadas y cubiertas de cal viva en Cuenca, Marina Okarinska y Laura del Hoyo, despertó del sopor veraniego a más de un ciudadano. Este 2015, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se ha disparado escalofriantemente, superando la inasumible media reciente de 70-75 feminicidios por año en el Estado español. Ha habido varias tandas de tres y hasta cuatro asesinadas en 48 horas.

Los movimientos feministas llevan años alertando de este fenómeno feminicida que ha mantenido silencioso al Gobierno Rajoy todo el verano. Mientras se reunían para combatir el yihadismo, prácticamente todos los días un hombre atentaba contra la vida de una mujer.

María Silvestre, socióloga, profesora de la Universidad de Deusto y ex directora de Emakunde, entiende que “la globalización, además de otras cosas, ha puesto también de manifiesto, como afirma Carole Pateman, la universalidad de la desigualdad entre hombres y mujeres”.

En el caso español, los ataques a las mujeres han aumentado exponencialmente. Así lo vienen denunciando numerosas organizaciones feministas. Casi 800 asesinadas en 12 años, más que víctimas de ETA en cuatro décadas. Desde 2010, los presupuestos del Estado para combatir las violencias machistas han sido recortados en un 26%. Cada vez hay más denuncias de casos de negligencias judiciales o sentencias graves que impiden alejamientos y luego ellas son asesinadas, o como ese juez murciano que dictaminó recientemente que rociar a la mujer con gasolina “no implica querer matarla” (el mechero no prendió).

Las especialistas coinciden en que la recesión económica y la política del Gobierno del PP influyen en las razones. “Distintos informes indican que durante la crisis se han incrementado las desigualdades sociales y que los grupos más afectados han sido aquellos que ya partían de una situación peor; eso implica un empeoramiento de la feminización de la pobreza, proceso que ya se daba antes de la crisis y que ha incrementado el desempleo de las mujeres”, enumera María Silvestre.

Patricia Espejo, doctora en Derecho especializada en violencia de género -sobre todo en el ámbito laboral- y miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ), corrobora que “la violencia económica sustenta todo, puesto que con independencia económica una mujer jamás vivirá sometida por obligación”. Así, “el impacto de las medidas aprobadas en España sobre calidad del empleo, salarios, modelo de relaciones laborales y estado de la negociación colectiva ha sido devastador porque se ha declinado la balanza de la precariedad hacia las trabajadoras de manera patente”.

Amaia Bakaikoa, psicóloga clínica y sexóloga, confirma que “es muy importante que las mujeres puedan recibir una buena formación y educación, y que consigan una autonomía económica, fundamental para su empoderamiento”. Sostiene que “ayudaría mucho que hayan cláusulas de igualdad, tanto en la contratación laboral como al establecer los salarios”, así como medidas para “una conciliación corresponsable”, lo que equilibraría las relaciones domésticas. Y es que, “en una crisis económica, las mujeres son el grupo de población más injustamente afectado y en el hogar, el factor económico produce grandes niveles de estrés y condiciona la toma de decisión de una separación de la pareja impidiéndola y obligando a dos personas que no desean estar juntas a vivir bajo el mismo techo”.

Así, los niveles de conflicto van in crescendo “y algunos los gestionan con violencia y agresividad, evidenciando las relaciones de poder del hombre sobre la mujer que subyacen en la sociedad de forma estructural”.

Bakaikoa añade que “un país que ha padecido durante 40 años una dictadura, tiene sobre sí una losa muy pesada y aún quedan muchas reminiscencias del modelo familiar y social ideado durante los oscuros años del régimen”, a lo que se suma que “décadas después, un gobierno neoconservador heredero del viejo régimen ha hecho una labor de maquillaje, pero las bases son muy similares a las de entonces”.

la punta del iceberg “Es clave que tanto ciudadanía como actores jurídicos entiendan que los asesinatos de género son sólo la punta del iceberg de una suborviolencia sistémica y transversal contra las mujeres que se manifiesta de múltiples formas: familia, sociedad, entorno laboral, político, cine, televisión... y que hay que querer atajarlas en su totalidad, dedicando recursos económicos y humanos a tal fin y no haciendo del Derecho de Igualdad el recorte más sangriento”, expone con preocupación la jurista y profesora Patricia Espejo.

Bakaikoa amplía que “el feminicidio, el abuso sexual, la violación, la mutilación genital o el maltrato físico y psicológico son las formas de violencia cruel que evidencia un machismo y una desigualdad estructural en la sociedad” y que “se hipersexualiza y cosifica el cuerpo de la mujer”. Además, “el sistema patriarcal es tan perverso que, además de sufrir esas brutales agresiones, induce sibilinamente a culpabilizar a la víctima, dando el mensaje sutil de que algo habrá hecho esa mujer para que ese hombre saque la bestia que lleva dentro y así se sienten doblemente desprotegidas y dañadas”. Esa situación “hace que la víctima oculte muchas veces los hechos por temor a una inculpación o estigmatización social y familiar, y así se perpetúan de forma impune todas estas aberraciones machistas”.

educar en la igualdad Amaia Bakaikoa asocia todo ello con una “sociedad enferma éticamente, sin valores de respeto e igualdad”. María Silvestre habla de una revolución cultural: “No se trata de más cultura, sino de qué cultura promovemos, de qué valores aprehendemos y transmitimos”. Patricia Espejo señala que, sin educación igualitaria, “la violencia seguirá alimentándose del patriarcado que tan bien ha domado a la sociedad”.

El tratamiento de los medios de comunicación, la policía y la judicatura son cruciales. Patricia distingue que hay algunos “intérpretes de la Ley con un alto grado de machismo”, mientras otros, como Gloria Poyatos, serían “intachables” y empeñados en una “plena igualdad”. Algunas designaciones del Tribunal Supremo y el Constitucional las hace el Gobierno, lo que evita la imparcialidad precisa para una justicia auténtica. Y que “urge solucionar” la sobrecarga judicial, pues “una justicia lenta no es justicia”. Los avances, de momento, son poco satisfactorios para las mujeres que hoy irán al 7-N.