Bruselas. La creación de centros de registro de refugiados en Grecia e Italia, conocidos en el argot comunitario como hotspots, y el establecimiento de “instalaciones de acogida suficientes” son dos de las precondiciones impuestas en los dos mecanismos de reubicación de emergencia aprobados hasta ahora por la Unión Europea para redistribuir a 160.000 solicitantes de asilo sirios, iraquíes y eritreos durante los próximos dos años. Sin ellos, pese a la urgencia y la dramática situación, no habrá reparto. Y los plazos de momento no están nada claros.

Bruselas llevaba semanas insistiendo en que las primeras reubicaciones podrían arrancar en los próximos días. La hoja de ruta adoptada este pasado miércoles por los jefes de estado y de gobierno de la UE echa, sin embargo, un jarro de agua fría al optimismo del que ha hecho gala el comisario de inmigración, Dimitrios Avramopoulous, al constatar que la aplicación no será tan rápida como esperan y que podría incluso sufrir retrasos importantes. Todo dependerá de la diligencia con la que las autoridades implicadas, Roma y Atenas, hagan los deberes para poner a punto las infraestructuras necesarias. En todo caso, según la fecha fijada por los 28 mandatarios, deberá ser a más tardar “en noviembre”, ya en pleno invierno, lo que significa que al menos quedan dos meses para empezar a aliviar a dos de los países afectados por la crisis migratoria.

Pero, ¿qué son exactamente los hotspot que tantas fricciones han creado entre los Estados miembros y de los que tanto reniegan países como Hungría? Se trata de equipos de apoyo formados por expertos de la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y la Agencia Europea de Policía (Europol) que serán desplegados en determinados puntos que sufren una presión migratoria desproporcionada. Por ejemplo, en el caso de Frontex y de EASO disponen ya de 46 y 45 expertos respectivamente a la espera de que Italia finalice los preparativos para poder trabajar sobre el terreno. Con más retraso avanzan las cosas en Grecia que no dispone todavía ni de una hoja de ruta sobre la reubicación, ni una evaluación de sus necesidades ni un método de identificación sistemático de registro y huellas dactilares en la base de datos Eurodac ni capacidad de acogida suficiente. Ni en las islas del Egeo ni en Kos donde es “urgente”, según Bruselas, porque no hay centro de acogida y es a la isla que más inmigrantes y refugiados llegan.

Cuarteles generales Según los planes, habrá dos cuarteles generales de coordinación. El de Italia estará en Catania (Sicilia) y el de Grecia en el puerto del Pireo aunque habrá que crear instalaciones de acogida desde donde operarán los equipos de expertos. Esto incluye, centros de recepción de acogida y de pre-expulsión. Su tarea será identificar, registrar y tomar las huellas dactilares para determinar si cumplen o no los requisitos. Si no cumplen y se les considera inmigrantes económicos recibirán orden de expulsión que, según el acuerdo, deberá producirse en paralelo a las reubicaciones.

Es uno de los elementos estrella del plan para controlar a todos y cada uno de los que llegan a las costas de Italia y Grecia pero no el único. La otra gran pata en la que se apoya la hoja de ruta europea es dar más ayuda a los países vecinos a Siria donde se concentran más de 4 millones de personas, la mitad de ellas en Turquía, de los cuales 600.000 son niños y tres cuartas partes están en edad escolar. De ahí la visita que realizará el próximo 5 de octubre su presidente, Tayip Erdogan, a Bruselas en busca de una coordinación vital. Y es que, la crisis ha puesto en evidencia la hipocresía de muchos gobiernos que a voz en grito reclaman solidaridad y luego no la práctica. Según las últimas cifras de las aportaciones de los Estados miembros al programa mundial de alimentos de Naciones Unidas, la ayuda de los 28 se reducirá este año un 40% de 895 millones en 2014 hasta 554. El único país del bloque que ha aumentado su dotación es Holanda, de 70,9 a 75 millones de euros, mientras que el resto han pegado un tajo importante. En el caso español ha reducido su ayuda de 6,1 a 3,6 millones este año. Y otros como Austria, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal o Eslovaquia la han dejado a 0. Recortes como estos han llevado al PMA a reducir la ayuda que puede dar, a reducir raciones de comida e incluso el agua en una región con la que la mayoría viven con menos de medio euro al día. “Con estas condiciones ¿cómo puede alguien culpar a la gente por buscar un lugar seguro en Europa?”, se pregunta el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.