“La imagen de los jueces ha mejorado por su respuesta a los desahucios y la reforma laboral”

La Fiscalía General del Estado critica en su última memoria la dilación innecesaria de la justicia en el Estado español y también en Euskadi. ¿Están los jueces de acuerdo con el modelo de instrucción penal vigente?

-Creo que la contestación unánime es que no. Todos coincidimos en que el proceso penal está regulado por una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1976 que necesariamente hay que cambiarla, pero sólo le ponemos parches. Hay poca gente en desacuerdo con que sería oportuno que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que realicen la instrucción de los procesos dirigiendo a la policía judicial. Esa es la tendencia en Europa. Pero para eso deberíamos hacer unas modificaciones legales que no se han hecho.

Dicen los fiscales que los procesos penales en manos de los jueces se retrasan mucho más de lo necesario, superando los dos años de media.

-Desde luego, en la CAV discrepamos. La Memoria del Fiscal Superior del País Vasco habla de seis asuntos que llevarían retrasos, pero en Euskadi se resolvieron 281.000 asuntos el año pasado. No creo que sea significativo ni deba llevarnos a la alarma. Incluso diría que en algunos de esos casos no podría ser de otra manera. La fiscalía recoge el caso Balenciaga. En este caso hay una persona imputada que salió del país y ha habido que utilizar el derecho internacional y las relaciones internacionales para hacerla volver al país. Hombre, mientras el imputado no está en el país no se le puede juzgar, así de sencillo. Sí reconozco que el que sufre este retraso lo sufre completamente; si es acusado sufre la pena de banquillo y si es víctima el proceso le está revictimazando en vez de aliviarle.

¿Y la instrucción por la muerte de Iñigo Cabacas después de recibir un pelotazo de la Er-tzaintza hace tres años y medio?

-Lógicamente, observamos el caso Cabacas de cerca y puedo afirmar taxativamente que su instrucción no ha sufrido ninguna interrupción en todo el tiempo que lleva abierto el proceso. En este caso se están extremando las posibilidades de investigación, sin reparar en gastos, porque hay algunas pruebas que están siendo muy costosas, ni en esfuerzos. Y en eso hay coincidencia entre las partes. Tanto la acusación particular como la fiscalía creen que quedan elementos por investigar. Estoy convencido de que la familia sabe que se están agotando todas las posibilidades de investigación. Se lo debemos.

¿Cómo reducir las dilaciones en los procesos judiciales?

-Se requiere de una colaboración muy estrecha entre el juez de instrucción y la fiscalía. Una colaboración leal, que no vayamos diciéndonos las cosas por la prensa sino que utilicemos las competencias que tenemos. Y la fiscalía tiene una competencia muy potente que dicta la ley, y que es hacer propuestas para impulsar y simplificar la tramitación de los procesos. Si el fiscal no exige esa competencia y si no se autocrítica por ello, es difícil que pueda criticar a los demás.

¿Ha cambiado en algo la percepción que tiene la sociedad de la Justicia y los jueces en los cinco años que lleva al frente del TSJPV?

-Sobre todo ha mejorado la imagen de los jueces. Coincidiendo con la crisis económica y cuando tenían una interpelación más directa de la sociedad en dos asuntos -en la ejecución de los procedimientos hipotecarios de viviendas y en la reforma laboral- la respuesta de los jueces en ha hecho que mejore la imagen de la Justicia. Al inicio de la crisis se nos reprochó que no nos enterábamos. Lo que se ha demostrado en estos cinco años es que los jueces nos enteramos, aunque no quiere decir que siempre acertemos. Ha emergido una judicatura joven, de menos de 50 años, el 61% mujeres, plenamente consciente de lo que pasa en el país y que sabe que el futuro para la gente de su generación es peor que el que tuvieron sus padres.

¿Los recortes de la legislatura del PP han hecho mella en la calidad y eficiencia de la Administración de Justicia?

-La crisis nos ha dejado con una carga de trabajo muy por encima de nuestras posibilidades. El tiempo de respuesta tiene que aumentar necesariamente porque nuestra plantilla está prácticamente congelada. Por fortuna no hemos tenido que resolver el dilema entre eficiencia y calidad porque se reducido de manera muy significativa el número de ingresos, que ha descendido casi un 10%. Eso ha permitido que podamos resolver los casos que entran. Siempre criticamos al ministro Ruiz-Gallardón pero las tasas que impuso han tenido un efecto disuasorio clarísimo. Que conste que esto no justifica las tasas.

¿Significa que se ha mejorado el tiempo de respuesta?

-No, mantenemos la eficiencia pero no la mejoramos. Es decir, el número de asuntos que ha entrado es inferior al de asuntos resueltos. En Araba el tiempo de respuesta es buenísimo, como nos gustaría que fuera en todos los sitios, porque allí la plantilla de jueces respecto a la población está muy bien.

Hablaba en su discurso de la crisis de los refugiados que avergüenza a Europa. ¿Los jueces acabarán interviniendo?

-El derecho de asilo es un derecho internacional, por lo que es muy difícil que el juez nacional pueda intervenir. Pero, sin embargo, van a a entrar a través del enjuiciamiento de la ley de extranjería, porque la distinción en Europa entre refugio e inmigración cada vez es más difícil.