Huyen en masa de sus países dejando atrás sus hogares. No lo hacen por gusto ni mucho menos. Puede que ni siquiera aspiren a tener una vida más desahogada de la que llevaban allí. Temen por sus vidas, por las de sus hijos o sus progenitores... Ese es el principal y único motivo que impulsa a las personas a buscar la protección de otros territorios en los que poder seguir viviendo y hacerlo con la dignidad suficiente para no sumar a su condición de refugiados o apátridas el riesgo de caer en la marginalidad social.
Por esta razón, todas esas personas que en pocas semanas podrían llegar a Euskadi -hasta un millar, según los cálculos del Gobierno vasco- tendrán cubiertas sus necesidades básicas, vitales incluso para muchos de ellos. Así lo estipuló la ONU hace ya medio siglo en un documento [la Convención de Ginebra] que recoge el conjunto de derechos que asisten al colectivo de refugiados, aunque como resumía María Jesús Vega portavoz en España de ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para ayuda al refugiado), “el principal es que no van a ser devueltos a su país de origen”.
El inventario de esas obligaciones legales que deben cumplir los gobiernos de acogida, además de la voluntariedad para extender su sistema de protección social a esas personas, incluye otras que también se antojan fundamentales en este tipo de situaciones dramáticas: la concesión del permiso de residencia y de trabajo, y el derecho al reagrupamiento familiar cuando la situación lo permita. “Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos” que cualquier otro ciudadano que resida de forma legal, apostillaban desde ACNUR.
Esto, ilustraban desde la Agencia de Naciones Unidas para la ayuda al refugiado, incluye los derechos civiles básicos (libertad de pensamiento y de movimiento), así como los mismos derechos económicos (a buscar un empleo, por ejemplo) y sociales que tienen el resto de individuos: derecho a la asistencia médica y a la escolarización para los más pequeños. El Ejecutivo y el resto de administraciones vascas ya han mostrado su firme disposición para afrontar este desafío sin precedentes y responder a una primera etapa de acogida y acompañamiento de ese millar de refugiados, y a una posterior de integración de aquellos que finalmente opten por establecerse en la geografía vasca.
Por eso, como aconsejaba Vega, una vez que la Comisión Europea determine a quiénes de estos refugiados concederá el derecho de asilo o la protección subsidiaria (las dos figuras legales a las que pueden acogerse los demandantes de protección internacional) lo ideal sería que esos individuos o unidades familiares empezaran su nuevo itinerario vital en el lugar donde en un futuro podrían asentarse evitando más desplazamientos forzosos. Y es que, subrayaba la portavoz a ACNUR a este periódico, “lo importante es que esa solidaridad sea sostenida, que no sea una solidaridad de corazonadas o por sentir vergüenza?”.
En este sentido, recordaba que todos esos derechos que asisten a los refugiados y que les permiten acceder a la cartera de servicios públicos básicos constituyen “un pack”. Por eso recomendaba a las instituciones que analicen con detenimiento sus recursos -principalmente en materia de sanidad y educación- para detectar dónde podrían producirse cuellos de botella y evitarlos a fin de ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de estas personas “que van a seguir llegando”, vaticinaba Vega.