vitoria - El Gobierno Vasco está dispuesto a sentarse a negociar la revisión de la Lomce con el nuevo ministro de Educación con una condición, “que meta en el cajón” las reválidas. La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, tuvo ayer en Madrid el primer encuentro formal con el sucesor de José Ignacio Wert dentro de la ronda de contactos que Íñigo Méndez de Vigo está manteniendo con las comunidades contrarias a la reforma educativa y que comenzó la semana pasada con Aragón, tras aprobar la “suspensión” de la Lomce.
A la salida del Ministerio la titular vasca de Educación destacó que la reunión con Méndez de Vigo “ha estado bien”, al menos en las formas, ya que el ministro mostró su disposición a “escuchar y a dialogar”. Pero como el movimiento de demuestra andando, Uriarte desea que Méndez de Vigo “nos haga caso para poder avanzar”. El gesto que Uriarte espera del ministro para desbloquear el problema generado por la ley Wert es que el Ministerio “meta en el cajón” el real decreto que regula las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria,y las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que dan acceso a los respectivos títulos. El polémico decreto de las reválidas está en fase de anteproyecto, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que aún no ha entrado en vigor. En este sentido, la consejera dijo: “Lo que nosotros sí le hemos dicho bien claro es que necesitamos que meta en el cajón el real decreto de evaluaciones porque es la piedra angular de la Lomce”. Esa es, explicó Uriarte, “la condición que le hemos puesto para poder trabajar”. El encuentro de ayer también sirvió para solicitar en primera persona la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación con el resto de las comunidades autónomas para abordar la “revisión” o incluso “la no aplicación” de la ley Wert. Esta reunión se torna crucial habida cuenta que de los comicios autonómicos ha salido una mayoría de gobiernos contrarios a la Lomce. Uriarte también reclamó a Méndez de Vigo que traslade la actitud de escucha y diálogo declarada ayer a la Conferencia ya que “hasta ahora ha sido un trágala, es decir, veníamos simplemente a escuchar decisiones ya adoptadas”. Aún así, Uriarte no las tiene todas consigo. En este sentido declaró: “A ver si conseguimos que se cambie el propio talante de las reuniones y ha dicho que esa es su intención. Ya lo veremos”. Méndez de Vigo no adelantó a su homóloga vasca ninguna fecha para la Conferencia ya que, según Uriarte, primero quiere escuchar a las CC.AA. por separado. Las elecciones del 24-M han dado un vuelco al mapa político del Estado. El Partido Popular ha pasado de gobernar once comunidades a gobernar cinco. Y los nuevos gobiernos se han manifestado contrarios a la reforma, uniéndose así a las cinco comunidades díscolas originales que han aplicado en sus respectivos territorios una versión light de la Lomce: Catalunya, Euskadi, Andalucía, Asturias y Canarias. Muchos de los nuevos ejecutivos han decidido pasar a la acción y están adoptando diferentes medidas. Baleares, por ejemplo, ha iniciado la “revisión o derogación” de los currículos aprobados por el anterior Gobierno. Aragón ha aprobado la “suspensión” de la aplicación de la Lomce. Y otras comunidades como Extremadura, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana han anunciado diferentes medidas para minimizar la reforma, aunque no son partidarias de la insumisión por las consecuencias legales que dicha decisión pudiera acarrear al alumnado. Además, la insumisión podría ser considerada un acto de prevaricación.
Respuesta conjunta y unitaria Todas comparten como mínimo la necesidad de revisar el calendario de aplicación de la Lomce, sobre todo porque la ley Wert -en su redacción actual- tiene los días contados. No obstante se está gestando una respuesta unitaria. La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, está liderando una ronda de contactos con las once comunidades para consensuar una propuesta sobre cómo aplicar Lomce el próximo curso. Rigau ha asegurado que si no se produce la Conferencia Sectorial, este grupo de comunidades enviará igualmente el documento al Ministerio antes de irse de vacaciones para “dejar los deberes puestos, en el buen sentido de la palabra” de cara al inicio de curso escolar en septiembre. Rigau ha adelantado que el texto “tiene un contenido clarísimo” de calendario de aplicación, financiación e ideología, puesto que se trata de una ley heredada pensada desde la mayoría absoluta del PP en el Congreso y en las comunidades.