madrid - Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) funcionan como “verdaderas cárceles” en las que se produce una violación masiva de derechos humanos, según las conclusiones en el informe Situación actual de los CIES en España y su adecuación al marco legal vigente, que se presentó ayer, elaborado para la ONG jesuita Pueblos Unidos por las clínicas jurídicas de las Universidades de Icade, Valencia, Barcelona y Valladolid. El estudio ha analizado la situación de los CIES de Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Barcelona, Murcia, Barranco Seco (Las Palmas) y Fuerteventura.
La coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández Sendín, señaló que la Ley Orgánica de Extranjería establece que las personas ingresadas en los CIES, que según la legislación vigente no poseen un carácter penitenciario, tienen únicamente restringido su derecho ambulatorio, por lo que se debería respetar el resto de sus derechos fundamentales que, en muchos casos, les son vulnerados. Destacó que algunas instalaciones cuentan con deficiencias o deterioros que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los internos.
La investigación señaló la falta de implementación de servicios sanitarios permanentes, que, en la mayoría de los casos, se limita a prestar una atención sanitaria básica y no especializada. Además, no hay mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas entre los internos y de medidas que no supongan el aislamiento de los internos en condiciones que atentan contra su integridad y salud física.
Entre otras deficiencias de las instalaciones, señalan el mantenimiento de sistemas de cierre con llave y rejas, que ponen en entredicho la ejecución de los planes de evacuación o emergencias de los internos. Asimismo, ponen de relieve la vulneración del derecho a la integridad que supone, por ejemplo, compartir una habitación de dimensiones reducidas con numerosas personas, y la vulneración de la intimidad de las comunicaciones, que se realiza a través de mamparas e impiden el contacto físico con familiares y amigos.
También dejan constancia del internamiento de personas vulnerables, especialmente menores no acompañados, respecto a los que no se siguen los protocolos adecuados para su identificación.
En este contexto, el informe incluye, también, una serie de propuestas de mejora del funcionamiento de los CIES, como, por ejemplo, una reducción del plazo máximo de internamiento en por considerar “excesivo e injustificado” el periodo de sesenta días actualmente vigente.- Efe
