Gasteiz - Por delante mucho trabajo para ajustar presupuestos, definir las hipótesis de trabajo, escalonar y establecer las categorías, y buscar el equilibrio con otras normativas para evitar interferencias, poder garantizar la seguridad jurídica y así, cumplir con las expectativas. Este es el escenario que desde ayer ocupa -y preocupa- al Gobierno Vasco, obligado a desarrollar una Proposición de Ley sobre Vivienda (que no un Proyecto de Ley) aprobada definitivamente con los 38 votos favorables emitidos por PSE, EH Bildu y UPyD.

Los propios defensores de esta iniciativa reconocían (después de dos años de debate) que el texto puede y debe ser pulido en las próximas legislaturas y con “otras mayorías”. Pero también insistieron en que esa función deberá ser asumida ahora por el Ejecutivo vasco (que ya había expresado sus dudas sobre algunos puntos del documento) que tendrá que apechugar con el desarrollo reglamentario de esta norma.

“Posiblemente -admitía el parlamentario socialista Bixen Itxaso-, adolece en lo técnico”. Y es que, por ejemplo, el capítulo económico y financiero de la Proposición aprobada no concreta la forma en que se harán efectivas las nuevas políticas públicas de vivienda durante los próximos años, al menos hasta el horizonte de 2025. Con la cautela que requiere el tema, Ángel Toña estimó que será necesario incrementar el presupuesto de Vivienda “entre 60 y 80 millones de euros” por año para asumir los mandamientos contenidos en la normativa.

Dinero ¿de dónde? El consejero de Empleo y Políticas Sociales, quien hizo hincapié en que el Gobierno Vasco no está en contra del derecho subjetivo a la vivienda porque esta figura “ya existe” a través de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), advirtió de que el Ejecutivo se verá obligado a ajustar sus cuentas para aplicar esta ley y pasar de los 100 millones actuales a los 160 millones estimados para poder cumplir con “los retos que plantea la nueva ley porque los recursos actuales no son suficientes”, zanjó. “Como Gobierno, hacemos nuestra la ley que el Parlamento Vasco ha aprobado y contribuiremos con todas las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que corresponda y tratar de armonizar las colisiones que hay con otras leyes” agregó.

La tarea por delante será “compleja”, apostilló Toña. ¿Habrá que subir los impuestos, engordar la deuda pública o reducir los presupuestos en otras partidas para hacer efectiva esta ley vasca de vivienda? fueron algunas de las preguntas de jeltzales y populares y que quedaron sin respuesta precisa. Que si el dinero recuperado del fraude (UPyD), que si evitar las duplicidades (PSE) o implantar el impuesto de la riqueza (EH Bildu) fueron las ideas lanzadas por los defensores de esta Proposición de Ley para intentar resolver las dudas razonables que rodean al núcleo de la misma: el cumplimiento del derecho subjetivo a la vivienda y el impulso al alquiler social, básicamente.

“Postureo legislativo” Una reflexión en la que incidió el parlamentario jeltzale Norberto Aldaiturriaga, quien criticó la redacción de la Proposición de Ley de Vivienda al creer que “es un texto demagógico e incoherente con el resto del sistema de protección social vasco. Es demagógica [habló incluso de postureo legislativo] porque no está acompañada de un mínimo estudio que revele cuánto puede llegar a costar su aplicación ni cuál será su impacto presupuestario. Además, hace creer a la ciudadanía que toda persona podrá demandar una vivienda, como si los recursos fueran ilimitados”, resumió el jeltzale.

Edad mínima, tiempo de empadronamiento, ingresos, miembros que componen la unidad familiar o si, por ejemplo, será compatible con la percepción de ayudas sociales (PCV) que sí son un derecho subjetivo desde el año 2008 con el Gobierno de Ibarretxe son algunos de las indefiniciones que deberán ser aclaradas para su posterior aplicación de modo escalonado. Desde las filas de la coalición independentista, su portavoz Marian Beitialarrangoitia, a pesar de reconocer también ciertos déficits de serie en el documento aprobado (“nace cojo” calificó) valoraba positivamente una normativa que, según aseguró, “no resolverá todos los problemas, pero servirá para cambiar la dirección”.

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