Diez años de aplicación de esta ley positiva nos permiten confirmar lo que era bien sabido, que posturas y tradiciones tan arraigadas en nuestra sociedad como la discriminación hacia la mujer y su manifestación más drástica en forma de violencia (física o psíquica) no se consiguen erradicar de la noche a la mañana con un cambio legislativo, sino que es necesario tiempo y una gran dosis de pedagogía social. En este camino el implicar a todas las partes está siendo el mayor reto para que la Ley Integral contra la Violencia de Género tenga su plena eficacia.
Cada día resulta más difícil encontrar a alguien que defienda la violencia física explícita contra las mujeres, pero se sigue practicando porque hay denuncias y constataciones; más difusa pero no menos presente es la violencia indirecta, psíquica, de presión laboral o social o de cualquier otro tipo que de una u otra manera vulnera la igualdad de hombres y mujeres.
“Ha habido avances, pero también muchas trabas e incumplimientos, sobre todo, en la implementación de la norma. Es esencial que la denuncia de violencia contra las mujeres se instale en la lógica de los derechos y se aleje cuanto antes de una asistencia social muy poco emancipadora”, reconoce la abogada e investigadora especializada en cuestiones de género, María Naredo, que aparte de haber trabajado como defensora de mujeres víctimas de esta violencia, ha desarrollado varias investigaciones sobre la respuesta institucional ante la violencia de género y es miembro de la Asociación pro derechos humanos del País Vasco, Argituz.
El principal defecto de la ley es que, a pesar de su nombre, tiene cierta vocación de parcialidad, ya que solo aborda la violencia de género en las relaciones íntimas. “Sin embargo, reconoció por vez primera que las mujeres no somos un colectivo homogéneo y que el género se entrecruza con otros factores, como la extranjería y la discapacidad, planteando el compromiso institucional de considerar de manera especial las necesidades de determinados colectivos de mujeres. Además consagra un principio de no-discriminación en el acceso a los derechos cuyo objetivo debería ser paliar la exclusión precedente de determinados perfiles de mujeres a los recursos especializados. Pero, como suele ocurrir en este mundo, el avance en el campo legal no se ha traducido suficientemente en el plano de la realidad práctica”, dice Naredo.
“Sigue habiendo mujeres a las que se excluye de los servicios especializados y tampoco reciben una alternativa de calidad. Mujeres con dependencias, con enfermedades mentales o que ejercen la prostitución ven dificultado su acceso a centros de larga estancia para víctimas de violencia de género. Asimismo, los colectivos que precisan especial atención continúan enfrentándose a obstáculos añadidos y barreras para escapar de la violencia de género”. Una opinión compartida por la exvicedecana del Colegio de Abogados de Bizkaia, Juana Balmaseda, representante del Consejo Vasco de la Abogacía en la Comisión Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia de género, coordinado por Emakunde.
esfuerzo institucional Ambas abogadas aseguran que las instituciones encargadas de desarrollar la ley debieran de hacer un esfuerzo mucho mayor para eliminar estas discriminaciones y adecuar los recursos a las necesidades de las víctimas y no a la inversa. En el aspecto judicial, más allá de los recortes presupuestarios desde el año 2009, reconocen que han aflorado prejuicios y trabas ya superadas como la cuestión de las denuncias falsas. “Este falso mito -los datos del CGPJ así lo aseguran- que acompaña a la ley y que está perjudicando mucho a las mujeres en la obtención de justicia y protección”, apunta Balmaseda. “No se ha entendido que esta ley no es ningún regalo a nadie, ni ningún menoscabo para los hombres. Simplemente es cumplir con la obligación que tienen los poderes públicos de remover obstáculos que bloquean la igualdad de género”, apostilla la abogada Itziar Fernández, exsecretaria general de Emakunde.
Solamente el 25% de las mujeres que sufren maltrato denuncian su situación. “Seguimos en esa cifra oscura del 75% que no denuncia; los falsos mitos han lastrado algo que era supernovedoso, como eran los juzgados y las fiscalías especializadas que suponían un avance en ese difícil camino de la víctima para obtener justicia y protección”, sostiene la investigadora de Amnistía Internacional, quien critica que la ley pusiera como condición para acceder a sus beneficios la orden de protección para determinados hechos. “Creo que eso tampoco ha sido una ayuda porque una orden de protección al final no la perciben ni el 5% de las maltratadas. Si condicionas la vivienda protegida y todas las cuestiones del empleo y apoyos a la orden de protección, al final estás ofreciendo y garantizando esos derechos a poquitas mujeres”.
la actitud de las víctimas Mientras las denuncias falsas son prácticamente inexistentes, se han incrementado los sobreseimientos de manera exponencial, en un 150% entre 2005, año en que se crean los juzgados específicos, y 2012. “El poner en tela de juicio los testimonios de las víctimas ha provocado que las denuncias no dejen de descender. Además, la mayoría de las maltratadas renuncian a la indemnización que les corresponde como a toda víctima de un delito. ¿Por qué? Porque interpretan falsamente que si renuncia a ella su relato es más fidedigno, más fiable. Es grave más allá de que se pague a las mujeres, porque pervierte lo que es el objetivo de la ley”, dice. “Y eso que las mujeres se empobrecen de una manera impresionante cuando salen de la violencia; por eso es importante que la ley les garantice, al margen de lo que diga una sentencia, una compensación por determinadas secuelas”, apostilla María Naredo.
En estos diez años de Ley Integral ha habido indiscutibles avances, en lo social, en el imaginario colectivo sobre el maltrato contra las mujeres. “Con sus claroscuros, la norma puso el acento en que la violencia de género es la conclusión de la discriminación histórica que ha habido/hay contra las mujeres y se enmarca en esa lucha contra esta lacra social”, añade Itziar Fernández, que como aspecto a revisar cita la sobreprotección de las propias mujeres, que lleva en ocasiones al desempoderamiento”, añade la exsecretaria general de Emakunde.
Hay mujeres que acuden a decir que están siendo maltratadas, pero luego no siguen el itinerario, bien porque no se les deja, o porque se les deniega la orden de protección ya que, según las expertas, cada vez son más los jueces que lo hacen. “Muchas mujeres se retiran del camino ellas mismas en muchos casos por frustración, porque no lo tienen claro, porque están amenazadas o por un momento de confusión emocional. Son víctimas que están en riesgo y a pesar de ello se retiran de la ruta de acceso a la protección y a la justicia, pero ya ha habido una voz de alerta que dice que esa mujer ha sufrido o ha podido sufrir maltrato”, subraya Naredo, para quien “la denuncia no puede ser nunca la llave de las víctimas para el acceso a los recursos y servicios; estos diez años de la ley nos indican que hay que replantear el enfoque desde el cual se entiende la violencia contra las mujeres y la forma de intervenir con las víctimas” , añade la integrante de Argituz.
La representante del Consejo Vasco de la Abogacía en la Comisión Interdisciplinar considera que hay bastantes aspectos de la ley que precisan ser revisados. “En primer lugar diría que todos los aplicadores de la ley tenemos que asumir lo que significa todo esto; debemos de tenerlo claro, algo que pienso que aún no se ha conseguido. No se trata de aplicar las cosas automáticamente, no”, explica Juana Balmaseda, quien considera que “a la norma se le dio mucho bombo y platillo, sin embargo luego en los juzgados a los aplicadores del derecho, en bastantes ocasiones se les abandona a su suerte”.
Mas juzgados y recursos Para que las leyes sean efectivas deben de estar dotadas de recursos económicos, “y no ha sido así; se precisan más jueces, más juzgados, más medios. Debe haber equipos de valoración. En Euskadi estamos algo mejor que en otras comunidades, pero falta mucho camino por recorrer; es cierto que se denuncian muchas conductas, pero todavía en todo el ámbito de lo que es la violencia habitual -esas mujeres que llevan muchos años de historias duras de maltrato largo y continuado, en lo físico y psíquico- no se ha denunciado, son asuntos muy difíciles de probar y de sacar adelante”, se lamenta Juana Balmaseda. “Ha aflorado mucho el maltrato de pareja, pero posiblemente no el más grave”.
La exvicedecana del Colegio de Abogados de Bizkaia reconoce que han aumentado muchísimo las agresiones sexuales, “delitos que no contempla la Ley Integral que se ciñe al maltrato de la pareja. Se hizo esta opción legal porque era el fenómeno más preocupante y que pone más en riesgo a las víctimas y crea alarma social, al tiempo que es más condenable; pero deja fuera otras violencias que se comenten contra las mujeres, que también son muy graves aunque no sean ejercidas por su pareja”.
Considera Naredo que la cultura de los derechos tiene mucho que ver con el respaldo real que hay detrás del enunciado de cada una de las normas que los regulan. “No se puede animar a una mujer a denunciar y decirle que tiene una serie de derechos, y a la hora de la verdad le resulte complicado acceder a ellos. Porque esa mujer va a perder la confianza en las instituciones y va a creer que el Estado no tiene responsabilidades al respecto. Es esencial que la violencia contra las mujeres se instale en la lógica de los derechos y se aleje cuanto antes de la asistencia social, muy poco emancipadora”, opina en plena coincidencia con la exsecretaria de Emakunde.
más medidas En este sentido, las tres abogadas consultadas por este periódico aseguran que para impulsar ese cambio hay que hacer especial hincapié desde las organizaciones sociales en la importancia de la puesta en marcha de las medidas: que se dedique una inversión proporcionada a las necesidades que tratan de cubrir, y que los profesionales tengan una formación y perfil adecuados. “Es importantísimo que haya Fiscalías exclusivamente dedicadas a esto; que haya turnos específicos de abogados; que las víctimas tengan un reconocimiento para poder ejercer mejor las acciones legales que les corresponden”.
Las expertas apuestan por la coordinación de todos los medios existentes frente a la violencia de genero. “Aunque aquí no estamos tan mal como en otros sitios, también se producen disfunciones en los juzgados, en las comisarías... que hay que corregir. Y, por supuesto, los juzgados necesitan más apoyo para tratar estos temas”, subraya Balmaseda, quien insiste en señalar “que hay mucho maltrato que no se denuncia”, dice con conocimiento de causa.
Reconoce haber visto casos terribles sin denunciar “y este fenómeno es muy complicado, porque se entra en el ámbito de lo psicológico. Primero porque la víctima tiene miedo a denunciar, no solo por lo que su agresor le vaya a hacer, sino porque se expone a un riesgo para ella mayor que la venganza: la vergüenza. Si el maltrato es de larga duración tiene unos efectos devastadores sobre ella, sobre sus estructuras emocionales, cognitivas y de todo tipo. El machaque es tan grande que la víctima se queda anulada; esta violencia es multicausal y multifactorial; está en todos los sectores profesionales, en mujeres con responsabilidades sociales a las que les resulta aún más difícil salir de la espiral de violencia que a mujeres anónimas”, dice Balmaseda.
Por eso, como apunta Itziar Fernández, hay que destinar más recursos para erradicar esta violencia. “Apostar por la educación temprana; que desde pequeños se sea capaz de detectar donde está la desigualdad”, sentencia.
Arduo trabajo, y ahora... qué?
