donostia - Los malos tratos que afectan a las personas mayores son un problema social que normalmente permanece oculto y que, aunque ha ganado visibilidad, sólo se vislumbra a través de informes o por la actuación de los servicios sociales. Según un informe encargado por el Gobierno Vasco, un 4,5% de las personas mayores atendidas en el ámbito asistencial vasco tiene riesgo de maltrato y otro 16,18% está en riesgo de sufrirlo a medio plazo. Se ha detectado además que un 1,85% de los mayores que acuden a los servicios sanitarios o sociales requeriría una intervención “urgente” porque la situación que presentan es de “daño real”.

Los resultados del estudio -encargado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a expertos de la Universidad de Deusto- parecen evidenciar un incremento del fenómeno del maltrato en los últimos años, ya que otro informe sobre el mismo tema realizado en 2010 situaba la sospecha de casos de maltrato a mayores entre el 0,9% y el 1,5% del segmento de población, pero este último era un estudio sociogeriátrico realizado en los domicilios de los ancianos y que para los expertos no es comparable con el presentado ayer en Donostia.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, señaló que “la mayor parte del maltrato que se ejerce sobre las personas mayores no tiene una base intencionada, pero esa circunstancia no lo justifica, aunque sí condiciona el tipo de intervención a realizar sobre la persona mayor y su entorno”. Toña destacó que el informe ha permitido fijar la atención en un problema que pasaba desapercibido pero “del que se intuía su existencia”.

No intencionado Tras desgranar los datos, la coordinadora del estudio, Marije Goikoetxea, insistió en que “puede no haber ningún caso intencionado de mal trato en los casos detectados”. De hecho, la definición de situación de maltrato que se aplica en el estudio no está relacionada con la existencia de un delito sino que implica que el afectado padece un daño como la desatención de sus necesidades básicas o de la medicación, sufre alguna carencia en su cuidado o aislamiento. Marije Goikoetxea puntualizó que se ha utilizado la definición de mal trato de la Organización Internacional de Prevención de Abusos a la Persona Mayor “que es asistencial y no judicial” por lo que “no quiere decir que detrás de ese 1,85% haya un delito”.

La pertenencia de las personas mayores a esos colectivos que se catalogan como “especialmente vulnerables” ya indica que sus probabilidades de sufrir algún tipo de exclusión, maltrato o vulneración de derechos son altas, por lo que requieren seguimiento y atención especiales. Ángel Toña anunció ayer que el próximo año, tanto los servicios de atención primaria social y sanitaria, como los servicios de urgencias hospitalarias y sociales, podrán incorporar a su labor diaria un nuevo procedimiento para la detección y prevención de malos tratos físicos y económicos a las personas mayores de 65 años, con especial incidencia, por considerarse más vulnerables según todos los estudios, en mujeres mayores de 80 años.

El procedimiento persigue fundamentalmente dos objetivos: la observación de posibles casos de maltrato y la propuesta de intervención en caso de confirmarse. Para conseguirlo, una primera fase del trabajo desarrollado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales consistió en la elaboración de un documento que posibilitara la detección de riesgos de maltrato.

Este documento, que incorpora un amplio cuestionario, se centra en el análisis de acciones u omisiones que pueden generar daño físico -como la utilización de la fuerza, violencia u omisión en la atención de las necesidades básicas llevadas a cabo por otras personas- o económico -mal uso, apropiación indebida o explotación de los recursos económicos o materiales propios de la persona mayor-.

el estudio Para el estudio se valoró la presencia de algún factor de riesgo de maltrato en 649 personas, de las que 390 eran de Bilbao (64%), 103 de Hondarribia, y otro tanto de Zuia. El 57,2% fue atendido en un centro de salud, el 14,1% en los servicios sociales municipales, el 20% en los servicios de atención domiciliaria, el 7% en los equipos de valoración de la dependencia, el 1,2% en urgencias de Basurto, y el 0,5% en las oficinas de KutxaBank.

Tras la valoración por parte de los especialistas, se seleccionó a 96 personas que presentaban al menos dos factores de riesgo -signos de dependencia física y emocional respecto al cuidador, deterioro cognitivo unido a trastorno de conducta, aislamiento, soledad grave y debilidad de la red social, o existencia de limitaciones personales para su cuidado-. Todas ellas estaban en situación de riesgo de sufrir a medio plazo malos tratos.

Una segunda fase de la investigación se centró en 138 personas -85 provenientes de la primera fase y 53 de las urgencias sanitarias o sociales-, en las que se valoró la presencia o no de indicadores de malos tratos -generales, físicos, económicos y sociales-. Finalmente, en 27 casos se detectó algún indicador de alerta de malos tratos. Entre estas alertas destaca el seguimiento deficiente de las pautas médicas y farmacológicas, la falta de condiciones de habitabilidad en la vivienda -seguridad, suciedad, barreras?-, la infra o sobremedicación por mal seguimiento de la pauta prescrita, el miedo a verbalizar una queja ante presencia de las personas cuidadores, o el abandono en la atención a las necesidades básicas.

“Resulta especialmente significativo el gran porcentaje de personas detectadas con indicadores de malos tratos en los servicios de urgencias sanitarios y sociales, en relación a las personas a las que se les aplica el instrumento, lo que nos revela la alta sensibilidad de estos equipos para la observación de lesiones y situaciones sospechosas”, destacó el consejero en su intervención.