GASTEIZ - Euskadi y Aragón (está gobernada por el PP) son las únicas comunidades del Estado que han mantenido la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes que se hallan en situación irregular por lo que, pese a la reforma que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, han podido seguir disfrutando de la cartera de servicios a los que da derecho. Otras comunidades, incluso muchas de las gobernadas por el PP, han seguido prestando atención sanitaria en los ambulatorios a pesar de haber retirado la tarjeta a las personas sin papeles. Así, además de no colapsar las urgencias, la decisión de devolver la atención primaria a todos los inmigrantes vendría a regular la asimetría que ha generado la reforma de la exministra Ana Mato en el servicio ambulatorio.

En octubre de 2014 Osakidetza empezó a distribuir la tarjeta sanitaria entre las 40.000 personas que el Gobierno español había expulsado del sistema, es decir, a 22.000 inmigrantes empadronados pero sin permiso de residencia y a otros 17.000 que no figuraban en ningún padrón. Únicamente tiene validez en el Sistema Vasco de Salud para los inmigrantes en situación irregular que tengan un año de empadronamiento en Euskadi y perciban cantidades inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La emisión de esta tarjeta es consecuencia de la orden que el consejero de Salud, Jon Darpón, dictó en julio de 2013 en la que se reguló la asistencia a las personas que no están aseguradas o no son beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia.

El Gobierno Vasco siempre ha defendido la atención a este colectivo, algo que el Tribunal Constitucional avaló a finales de 2012. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronunció en la misma línea cuando desestimó en febrero de 2014 un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la orden aprobada por el Ejecutivo autonómico. El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, manifestó entonces que la decisión del TSJPV “demuestra que tenemos razón cuando sostenemos que la protección de la salud es un derecho universal incuestionable de las personas, y no una consecuencia de la cotización a la Seguridad Social”. - I.A.