madrid - Cinco meses después de que Alberto Ruiz Gallardón abandonara el Ministerio de Justicia el Gobierno español se ha cargado una de sus medidas más polémicas: las tasas judiciales. Ayer, el consejo de ministros aprobó la supresión de las tasas para las personas físicas en todos los órdenes e instancias. Aunque esta medida es una clara rectificación de la limitación del acceso de los ciudadanos a la Justicia aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la corrección no ha sido completa ya que las pymes siguen obligadas a abonar tasas y el actual ministro, Rafael Catalá, se negó a admitir que hayan tenido un impacto directo sobre la litigiosidad.

La Ley de tasas judiciales, con la que el Gobierno español ya ha recaudado más de 512 millones de euros, fue contestada por todos los sectores de la administración de Justicia, motivó la convocatoria de concentraciones, manifestaciones y campañas de protesta, y tiene pendientes de resolución varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero ayer y según explicó el ministro de Justicia, el Gobierno español aprobó un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas para “facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.

Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio -y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo- y otra variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la Justicia gratuita. En la práctica, tal y como denuncian colectivos e instituciones, las tasas limitan el acceso a los tribunales en función de la renta y han creado “una Justicia para ricos y otra para pobres”.

Catalá explicó ayer que la eliminación de las tasas responde a una “reivindicación muy extendida” de la totalidad de los profesionales del sector judicial, que han pedido insistentemente su retirada para las personas físicas pero también para las pymes. En este sentido, el ministro de Justicia justificó el mantenimiento de las tasas para las pymes al considerar que, al tratarse de empresas pequeñas, la mayoría de los litigios serán de una cuantía inferior a los 2.000 euros, la cantidad hasta la cual las pymes están exentas. En el caso de mayores cuantías, el gasto puede ser minorado en el impuesto de sociedades, aclaró Catalá.

satisfacción Tras conocer la medida la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, señaló que “es una excelente noticia porque el Gobierno Vasco siempre ha estado en contra de las cuantías establecidas por el Gobierno español para el cobro de tasas judiciales, que no tenía en cuenta la capacidad económica de las personas contribuyentes, y así se lo hemos hecho saber en sucesivas reuniones al anterior y al actual ministro de Justicia”. Ana Agirre afirmó que “cobrar una tasa por acceder a la Justicia, sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas, puede constituir una vulneración del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, y por ello, siempre hemos solicitado al Gobierno español su retirada”.

La viceconsejera añadió que “es una rectificación en el buen sentido y más teniendo en cuenta que el Gobierno español ha recaudado para sí este dinero y no sabemos a qué lo ha destinado”. “Se supone que la propia ley concibió las tasas para financiar la Justicia gratuita, pero lo cierto es que no sabemos qué se ha hecho con esa recaudación; en Euskadi, la Justicia gratuita la financia íntegramente el Gobierno Vasco”, puntualizó.

También el Grupo Vasco EAJ-PNV del Congreso celebró el anuncio de eliminación de las tasas a las personas físicas pero lamentó que se haga “solo por motivos electoralistas y tarde”. Emilio Olabarria, portavoz de Justicia del Grupo Vasco, insistió en que “lo mejor que puede hacer el Gobierno español es derogar la Ley tal y como le ha reclamado nuestro Grupo Parlamentario en numerosas ocasiones”. Tras recordar que “las personas jurídicas también tienen derecho a la tutela judicial efectiva” y señalar que “suponen más de la mitad de la litigiosidad total ante los órganos judiciales”, Olabarria reclamó, mientras la Ley siga vigente, “la transferencia de lo recaudado en concepto de tasas a las comunidades autónomas con competencias

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, se refirió a las tasas señalando que “bastante daño se ha hecho ya a miles y miles de personas que no han podido acudir a la Justicia y también a los que sí lo han hecho pagando unas tasas injustas, desproporcionadas e inconstitucionales, sin que su dinero, contra lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia gratuita”. Añadió que “desde la Abogacía continuaremos defendiendo que la medida de supresión de este tributo también se extienda a las pequeñas y medianas empresas”.

Recaudación. Desde su establecimiento a finales de 2012, las nuevas tasas judiciales han recaudado más de 512 millones de euros, de los que unos 100 corresponden a pagos realizados por personas físicas. Se desconoce el destino de esa recaudación.

Supresión. La supresión de tasas para las personas físicas -medida que fue anunciada por Rajoy durante el debate sobre el estado de la Nación- se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social.

La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Varios sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma aplicada por Gallardón porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tenían que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo.