madrid - La decisión de Marruecos de desmantelar los campamentos de inmigrantes irregulares próximos a Ceuta y Melilla ha sido acogida con escepticismo por algunos expertos y agentes policiales y con optimismo por otros, confiados en cualquier caso en que pueda paliar la presión migratoria sobre ambas ciudades.
El pasado año Marruecos regularizó a 18.000 personas de un total de 28.000 solicitudes. Ahora quiere dar un paso más en su política migratoria y ha anunciado que desmantelará los campamentos de subsaharianos que esperan su oportunidad de entrar en Europa por las vallas fronterizas de las dos ciudades autónomas españolas.
Ayer mismo, un día después de anunciar esa decisión, la Policía marroquí detuvo a cientos de ellos, al parecer, según algunas ONG, en el monte Gurugú cercano a Melilla.
Expertos de las fuerzas de seguridad españolas opinaban que la decisión del Gobierno marroquí, tomada, según algunos, por los problemas de seguridad que la presión migratoria, calculan que en torno al Gurugú esperan unos 10.000 subsaharianos, está causando al país norteafricano.
Meses, e incluso años, llevan algunos de estos inmigrantes intentando entrar a España sin conseguirlo, debido, dicen algunas fuentes, al “férreo control” de la Guardia Civil y la Policía, que ha evitado más saltos masivos de los que aún así se han producido.
También el control de las costas, gracias fundamentalmente, añaden las fuentes, a los buenos resultados del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), ha cortado la entrada por vía marítima.
Como consecuencia de ese control por parte española miles de inmigrantes se han visto abocados a permanecer en Marruecos, lo que ha generado a este país un importante problema, incluso de salubridad en determinadas zonas y de orden público, que ahora quiere atajar. - Sagrario Ortega
