Bilbao - Profesionales de la Judicatura, Fiscalía, abogacía, secretaría judicial, psicosociología, medicina judicial, profesorado universitario y personal funcionario de la Administración de Justicia en Euskadi. Todos han puesto de su mano para avanzar en la normalización lingüística en su día a día y poder garantizar el derecho de los euskaldunes a ser atendidos en su lengua materna durante todo el proceso judicial. Y que, en definitiva, el euskera sea lengua de servicio, pero también de trabajo en los juzgados y en dependencias judiciales.

Hoy en día, dos de cada tres escritos judiciales incorporan ya el euskera gracias a las herramientas de traducción puestas a disposición de bufetes de abogados y personal de la Administración de Justicia. Además, y gracias al proyecto Auzia euskaraz (presentado a la opinión pública hace un año) el cuerpo de jueces y de fiscales, por boca de sus máximos responsables en la Comunidad Autónoma Vasca confirmaron su apoyo a esta iniciativa.

Tanto Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como Juan Calparsoro, fiscal superior, mostraron “voluntad de cooperación” en esta delicada materia. Bastará con que las partes implicadas soliciten la presencia de un fiscal euskaldun en el proceso para que esta figura, fundamental en cualquier proceso abierto, sume y sirva de ejemplo para futuras ocasiones. No en vano, personal de la carrera judicial, fiscal, secretarios judiciales y jueces de paz han participado desde 2007 en cursos de formación, al igual que el resto de la plantilla de trabajadores de los juzgados.

En 2007, en concreto, fueron 124 personas de carrera y 500 los funcionarios que asistieron a clases de euskera. En este último curso, el de 2013-2014, las cifras fueron inferiores cincuenta por un lado y 226 por el otro) debido en buena parte a la consecución de los objetivos planteados en forma de perfiles lingüísticos por un buen número de los participantes. No obstante, desde la Administración vasca insisten en reclamar la transferencia completa de las competencias en materia de Justicia, incluida la gestión de esa plantilla de funcionarios.

seguir avanzando El objetivo es progresar de forma pausada pero firme, subir un escalón, y dejar atrás la “inercia histórica secular” que desde hace décadas ha relegado al euskera en esta esfera pública debido a la costumbre heredada (artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) de emplear el castellano en los procesos judiciales. En este sentido, los agentes comprometidos con esta iniciativa que pretende conseguir la tramitación íntegra de los procedimientos judiciales en euskera, desde que el abogado interpone la demanda hasta que se dicta la correspondiente resolución judicial, insisten en la conveniencia de lograr la transferencia completa de la cartera de Justicia, ya que a su juicio, contribuiría a dar un mayor impulso a la normalización lingüística en los tribunales y en todas las actividades relacionadas: juzgados de paz, registros civiles, etc.

A fecha de hoy, alrededor del 70% de los documentos tramitados en la Administración de Justicia del País Vasco (citaciones, notificaciones, requerimientos, decretos, autos resolutivos, oficios, exhortos,?) incorporan ya el euskera. Para alcanzar este hecho, ha sido esencial la formación de la plantilla de funcionarios, pero también el diseño de formularios en euskera y, sobre todo, el desarrollo de nuevas herramientas informáticas bilingües que facilitan las labores de traducción. De hecho, este software ya está instalado en más de 1.500 ordenadores distribuidos por las oficinas y despachos judiciales de la CAV.

Según los últimos datos recabados por los responsables de la iniciativa Auzia euskaraz, en la base de datos con la que pueden trabajar los numerosos operadores de la Justicia existen 300.000 unidades jurídicas, desde glosarios y terminología jurídica a textos legales traducidos o sentencias y modelos preparados para ser empleados por cualquiera de esas personas en su trabajo durante la tramitación de un proceso judicial. Todo al alcance de un clic en su ordenador. Y es que una de las grandes tareas desarrolladas en las últimas fechas ha sido la de dar notoriedad al euskera en los textos legales a fin de manifestar su validez como lengua también para la Justicia y garantizar la atención de las personas, físicas o jurídicas, que quieran tramitar su expediente en euskera.

En definitiva, establecer una hoja de ruta y unas líneas estratégicas de actuación sobre las que poder desplegar la que sería la primera comunidad íntegramente en euskera en el ámbito de la Justicia. De hecho, el Gobierno vasco ya ha puesto en marcha una campaña para sumar apoyos a este modelo y, de algún modo, cohesionar a un colectivo hasta ahora disperso. Todos ellos, profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, secretaría judicial, psicosociología, medicina judicial, profesorado universitario y personal funcionario de la Administración de Justicia en Euskadi, podrán acceder a todas las herramientas necesarias para el ejercicio de su profesión en euskera: léxico jurídico normalizado, formularios jurídicos, actualización en euskera de leyes, herramientas tecnológicas, formación, servicio de consultas y difusión de todas las iniciativas y acciones que se desarrollen.

En este sentido, el Gobierno vasco, a través del Departamento de Administración Pública y Justicia, coordinará y gestionará todas las acciones que surjan en torno a esta comunidad, pero serán los miembros de esta quienes puedan sugerir y liderar las iniciativas a desarrollar. El objetivo es que cada una de las personas integrantes aporte aquello que considere de interés y adecuado para la normalización lingüística en el ámbito de la Justicia, convirtiéndose en lo que se denominará euskera-emaile.

La campaña tiene su origen en varias reuniones entre más de 200 profesionales de la judicatura -jueces, abogados, procuradores y profesionales de la secretaría judicial-, en los que los participantes mostraron especial interés en poder crear un grupo profesional en el ámbito judicial que tuviese la posibilidad de trabajar, compartir y avanzar en euskera, algo hasta la fecha inexistente.

El consejero de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, expresó durante la presentación de esta iniciativa que se trata de “un proyecto estimulante, pero que no se hará de la noche a la mañana en todos los partidos judiciales -hay catorce en la CAV- de Euskadi. Pensar lo contrario se sitúa de lleno en el terreno de la quimera”. En una línea similar, la viceconsejera Ana Agirre indicó que los profesionales que pasen a formar parte de esa comunidad “podrán acceder a todas las herramientas necesarias para el desarrollo de su labor profesional en euskera y sugerir e incluso liderar todas las iniciativas que consideren más adecuadas”.