MADRID. El informe 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2014', que la Sección de Estadística del órgano de gobierno de los jueces ha difundido este martes, apunta que los tribunales resolvieron 1.967.587 asuntos durante ese periodo, mientras que al final del mismo quedaban en trámite otros 2.616.840.
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados alcanzó los 393.242, lo que representa un incremento interanual del 10,1 %. Los asuntos resueltos fueron 368.272 y los que estaban en trámite al final del trimestre 1.019.450.
La jurisdicción penal, por su parte, registró 1.509.562 nuevos asuntos, un 0,9 % menos que en el tercer trimestre de 2013. En esta jurisdicción se resolvieron 1.482.249 asuntos y quedaron en trámite otros 997.727.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, los asuntos ingresados fueron 46.390, un 14,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 43.130 asuntos y quedaron en trámite 239.787.
Por último, la jurisdicción social experimentó una disminución del 11 % en el número de asuntos ingresados, que fueron 94.071. Durante el tercer trimestre del año se resolvieron 73.880 asuntos y quedaron en trámite 359.747.
A pesar de que, debido al efecto vacaciones, ha aumentado el número de asuntos en trámite respecto al trimestre anterior, se observa una disminución en todas las jurisdicciones del número de asuntos en trámite al final del trimestre respecto al mismo periodo de 2013. Así, la mayor disminución se registró en la jurisdicción contenciosa, un 11,9 %, seguida de la penal, con un 6,4 %.
MAYOR LITIGIOSIDAD
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado en el tercer trimestre de 2014 fue de 43,7 asuntos por cada mil habitantes. Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Illes Balears (58), Andalucía (51,3), Cantabria (46,8), Canarias (46,6), Madrid (46,4) y la Comunidad Valenciana (45).
En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (26,2), el País Vasco (29,2) y Extremadura (32,1), que son las autonomías con una tasa de litigiosidad más baja.
