Maroto dice que luchar contra los abusos en la RGI es "justicia social"

El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ha destacado que el propio consejero, Juan María Aburto, ha reconocido que "en una de cada cuatro RGI que gestiona el Gobierno vasco hay incumplimientos o fraude" y ha criticado que el PNV proponga que para pagar todo esto haya que subir los impuestos.

"Lo que digo es que los vascos somos solidarios y queremos que con nuestros impuestos se ayude a quien tiene necesidad, pero no estamos dispuestos a que con los impuestos de todo el mundo se permitan situaciones de abuso", ha afirmado. En este contexto, ha defendido que su propuesta plantea que sea "incompatible" cometer delitos y cobrar la RGI.

"Yo estoy diciendo que no puede suceder que personas que durante 40 años han trabajado duro cobren una pensión de 500 euros y otros, por tener tres años de padrón, alcancen hasta 1.200 euros a veces de sueldo vitalicio", ha indicado, para añadir que, a diferencia que otros países de Europa, en Euskadi se permite que "personas en situación irregular acudan al servicio vasco de empleo y, tras tres años de padrón, logren un sueldo vitalicio".

Según ha explicado, hay personas de origen extranjero que le "paran por la calle" y le dicen que le apoyan y ha incidido en que, al final, se debatirá la ILP para abordar esta cuestión porque "a la fuerza de la calle no se le puede decir que no".

Por ello, se ha mostrado sorprendido por la "cerrazón" del resto de partidos porque "yo lo que hablo es de ayuda sí, abuso no". "No planteo que se elimine la RGI sino los abusos que la norma permite", ha indicado, para añadir que más allá de las siglas "estamos hablando de justicia social".

Maroto ha recordado que ha tenido que comparecer ante el juez por una denuncia de SOS Racismo que "ha reconocido públicamente que en Gasteizllegó a empadronar de forma ficticia a 1.200 magrebíes en sus locales solamente con el objetivo de que cumpliesen la antigüedad de los tres años para acudir a las ayudas sociales".

Asimismo, ha afirmado que dio de baja a los 1.200 magrebíes y cree que obró "gestionando bien los recursos y defendiendo la justicia social". Además, ha lamentado que los demás partidos han apoyado a SOS Racismo y le han acusado de "racismo y xenofobia".

"He explicado que el color de la piel no hace a nadie diferente, que el acento con el que uno habla castellano o euskera no hace a nadie diferente, pero lo que no se puede negar es que existen algunos núcleos de población que su modo de vida es tener una RGI y además se perpetúa en el tiempo", ha añadido.

Maroto ha denunciado que en Euskadi se dan casos de pobreza energética porque "las ayudas no se reparten de forma justa". "He dicho que sin subir los impuestos, simplemente con el dinero que el Gobierno vasco ya ha reconocido como fraude y abuso en las ayudas sociales, con esos 20 millones da perfectamente para incrementar las pensiones más bajas en 600 euros al año, 50 euros al mes, que es el equivalente de la factura energética, eso para mí, es hacer justicia social", ha agregado.

Por último, ha manifestado que la mitad de la ciudadanía de Vitoria nació en comunidades como Galicia, Extremadura o Andalucía y tienen "todo su apoyo" porque vinieron no "a ponerse en una ventanilla a que les diésemos 1.200 euros", sino "a trabajar e integrarse".

IBON ARESO

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha reconocido estar de acuerdo con que haya ayudas pero no abusos y ha incidido en que la mayor política social es el empleo, pero "mientras la sociedad no sea capaz de dar empleo a la gente no se le puede dejar tiradas a la gente y tenemos que tener ayudas".

"El Ayuntamiento de Bilbao concede del orden de 6.500 ayudas al año. A final de año nos pueden quedar unas 800 sin justificar, pero muchas porque las facturas llegan después. A final de año andaremos por las 250 sin justificar, lo que es menos del 3 por ciento", ha matizado, para añadir que eso tampoco significa que ese 3 por ciento sea fraude porque hay que tener en cuenta que "quienes deben hacer esa justificaciones son personas con habilidades muy limitadas".

El alcalde ha indicado que el fraude es "absolutamente muy pequeño y muy relativo" en la parte que gestiona el Ayuntamiento. Asimismo, se ha preguntado qué se va a hacer contra esas personas. "¿Embargar a estas personas?, ¿Qué les embargas? si están en una situación prácticamente de exclusión social", ha señalado.

Por tanto, ha defendido que debe existir control y que las ayudas tienen que ser "coyunturales y no estructurales" porque "esto no es una renta vitalicia".

JUAN KARLOS IZAGIRRE

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha afirmado que, si existe fraude, es "residual" y "totalmente asumible". Ha añadido que comparte con Areso que la creación de empleo es la "mejor fórmula para repartir la riqueza siempre y cuando creemos un empleo digno y siempre y cuando consigamos unas jubilaciones dignas".

Izagirre ha asegurado que el "problema" es que un tercio de la gente que percibe Ayudas de Emergencia Social está en paro, otro tercio son personas que están cobrando un sueldo "indigno" y otro tercero perceptores con pensiones "indignas". "Tener empleo claro que es una buena solución siempre y cuando creemos empleo digno y consigamos que las jubilaciones sean dignas", ha añadido.

El alcalde de Donostia ha afirmado que el discurso que utiliza Maroto es "un poco peligroso". "Efectivamente, el fraude hay que perseguirlo, pero ese empeño en perseguir el fraude a mí me gustaría verlo en otras situaciones y en otros niveles", ha apuntado.

Izaguirre ha aludido a los "niveles de fraude" en lo que "está este Estado". "Es ahí donde hay que perseguir y no en esas pequeñas migajas que pudiera haber y que yo también comparto con Areso que esa no justificación de un pequeño porcentaje, muchas veces es mucho más debido a lo complicado burocráticamente de esas solicitudes que no a un fraude", ha manifestado.

"Justicia social sí por supuesto, reparto de la riqueza porque no podemos dejar a nadie tirado, tenemos recursos suficientes en este país para hacer frente a esto, control por supuesto, pero más no puede ser y el control tiene que ser a otros niveles y con otra gente que no está precisamente pidiendo la RGI", ha afirmado.

Además, ha defendido que una ciudad sobre todo son personas" y ha remarcado que para su equipo de gobierno son "ejes fundamentales" estimular la economía y las políticas sociales. "En San Sebastián, de 4.500 personas que reciben ayudas de emergencia social, el pasado año 2.000 se quedaron sin recibirlas por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento hizo una apuesta para que tuvieran lo que les corresponde", ha incidido.

En esta línea ha remarcado que son ayudas que se dan "muy escrupulosamente" y de las que se hace un seguimiento, por lo que "en absoluto hay fraude". "El fraude que puede haber se puede asumir por una administración porque es mínimo. Habrá pocos trámites burocráticos administrativos tan exigentes como solicitar ayudas de este tipo", ha expresado.

Asimismo, ha considerado que fraude de verdad se da "en otros niveles y con otro tipo de gente que tiene muchos despachos, empresas y dineros fuera de aquí".