GRANADA. En un comunicado remitido por su abogado, el denunciante indica que actuó "libre y voluntariamente" siguiendo "los dictados de su propia conciencia", como bautizado y miembro de la Iglesia Católica.
Decidió "por propia y exclusiva voluntad" informar por escrito al Papa Francisco sobre los abusos sexuales "reiterados" de los que había sido víctima, siendo menor de edad, por un grupo de sacerdotes y por un seglar, unos hechos que, según afirma, eran "conocidos" por otros sacerdotes "y algún integrante más del mismo grupo".
Su intención al presentar la denuncia fue la de seguir su "propia conciencia" y libertad "responsable" sin ánimo "de causar daño alguno a la Iglesia", a la que "quiere profundamente". De hecho, su "única motivación" fue la de expresarle, "tras un difícil proceso interior", los hechos delictivos de los que había sido víctima siendo menor de edad por parte de esas personas, y "encubiertos" por otros conocedores de los mismos, y también "con el ánimo de evitar que se pudieran estar cometiendo con otras personas".
El denunciante, según se incide en el comunicado, tiene puesta "toda su confianza" tanto en la autoridad judicial y en la Fiscalía, como impulsora de la denuncia ante los tribunales, como en la Santa Sede, y espera que "resplandezca la verdad" y "se depuren las responsabilidades correspondientes", de forma también "que se eviten a otras personas sufrimientos" como los padecidos por él, y que se repare el daño causado "en bien de la Iglesia y de la sociedad".
Por otra parte, se dirige a los medios de comunicación y les insta a respetar su derecho a la intimidad, en particular en cuanto a la difusión de sus datos de carácter personal, "que están especialmente protegidos", y que cese también la difusión de otros datos que le atañen personalmente.
Finalmente, ha agradecido públicamente al Papa Francisco su "apoyo y afecto", y le ofrece "su oración diaria por él"; a la Iglesia española, "su voluntad decidida de atajar de plano hechos como los que por desgracia a él le ha tocado vivir", así como su colaboración con la justicia ordinaria; y a la Policía, fiscalía y al juzgado "su trabajo, dedicación, independencia y profesionalidad" que ha tenido ocasión de constatar con motivo de la denuncia de estos muy dolorosos hechos, pidiendo, además, "que se respete el secreto de las actuaciones decretado judicialmente, que no se puede vulnerar, como es públicamente conocido".
Por ahora, los cuatro detenidos, tres sacerdotes y un profesor de Religión, han pasado su primera noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, después de que en la tarde de este lunes se practicara un registro en una vivienda situada en una urbanización de Los Pinillos, en Pinos Genil (Granada), en busca de pruebas sobre la comisión de los supuestos abusos sexuales.
Los detenidos pasarán a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, una vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado finalicen sus investigaciones, lo que podría suceder en la tarde de este mismo martes o ya este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
El caso, que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, se encuentra bajo secreto de sumario, con el objetivo de que no trasciendan datos de la causa y de detectar a otras posibles víctimas, si las hubiera. El tiempo que esta medida puede estar vigente es el de un mes, aunque puede ser prorrogado sucesivamente. Por ahora, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, no se han presentado más denuncias.
Los arrestados forman parte de un grupo conocido como el de 'Los Romanones', por el nombre de su líder, uno de los detenidos, el padre Román M.V.C., y sus integrantes tienen un alto nivel económico y cuentan con varias casas en la provincia donde supuestamente se produjeron los abusos.
La víctima envió una carta contando su caso al Vaticano y ha llegado a recibir una llamada de apoyo del propio Papa Francisco, que le pidió perdón por todo lo padecidos. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.
