Madrid - La crisis económica ha dado lugar a un “contexto desfavorable” para la integración de los inmigrantes en el Estado debido a la reducción “sistemática” de los fondos destinados a esta materia, tal y como pone de manifiesto el Anuario de la Inmigración en España 2014, presentado ayer. En la publicación, que cumple este año su séptima edición, participaron 17 especialistas de distintas disciplinas, quienes ofrecen una panorámica del fenómeno de la inmigración así como de la emigración y profundiza, además, en cómo la coyuntura económica afecta a este colectivo. Joaquín Arango, uno de los directores del anuario, señaló que a pesar de que la atención de la sociedad se centra en la emigración, al ser un fenómeno novedoso, el grueso de las personas que abandonan el Estado español son inmigrantes. De hecho, de las 2.186.795 personas que se marcharon entre 2008 y el 1 de julio de 2013, 1.924.714 (el 88,01%) eran extranjeras y 262.081 ciudadanos del Estado (11,98 %). El pasado año se produjo un cambio de tendencia al bajar de forma significativa por primera vez el número de inmigrantes, con casi 200.000 personas empadronadas menos que en el año anterior y el mayor porcentaje de estas bajas de población extranjera se concentró en las franjas de edad de entre 25 y 44 años (el 55 % de las salidas). En concreto, el 32 % de las bajas correspondieron a personas de entre 25 y 34 años. Por ello, al igual que en el anuario anterior, si antes el perfil del trabajador inmigrante en el Estado respondía al de una persona joven ahora es el de una persona más mayor y sobre todo mujer, con un nivel de formación más alto.
Arango insistió en que la mayoría de los inmigrantes que llegaron en los años previos a la crisis, permanecen, y no han parado de llegar, aunque en los últimos años la cifra es inferior a los que abandonan el país. Por ello, destacó que de la integración de la población extranjera dependerá “la buena salud” de la sociedad futura.
En este sentido, consideró que la crisis económica ha provocado que la situación no sea la más favorable para permitir su integración a causa de los recortes de fondos. La integración, apuntó Arango, requiere como casi todas las políticas públicas, gasto público por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y del Gobierno central. - Efe