Bilbao - La Casa Real abre cuenta en Twitter y se reserva el derecho a bloquear a quienes utilicen "expresiones ofensivas"; detenciones a diestro y siniestro por opiniones colgadas en Internet tras el asesinato de la política leonesa del PP Isabel Carrasco; y, más recientemente, la denuncia masiva formulada por la comunidad judía contra nada más y nada menos que 17.000 internautas por comentarios considerados antisemitas tras un partido de baloncesto han puesto sobre la mesa de la judicatura un ambicioso debate: la necesidad o no de regular el uso de las redes sociales.

El año pasado, el Ministerio del Interior contabilizó 1.172 delitos de odio, una cifra que se engordaría de forma considerable si fueran incluidos tal y como parece pretender el Gobierno español, los insultos, calumnias y vejaciones que, a diario, son publicadas en el mundo on line sin que, hasta la fecha hayan causado tanto revuelo mediático y social. Sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo español se han manifestado ya favorables a perseguir de forma activa este tipo de conductas enarbolando la estilada palabra "impunidad". Incluso la Iglesia española, por boca de su portavoz José María Gil Tamayo, se ha sumado a esta caza de brujas subrayando que "hacer de Internet y de las redes sociales un espacio franco, donde no impere la ley, liberado de toda consideración ética y moral, me parece una aberración y una cobardía".

Consideraciones de las que disienten distintas voces expertas consultadas. Desde jueces hasta abogados especializados estiman que la actual legislación ofrece ya una respuesta a estos comportamientos, lo que lleva a varios de ellos a preguntarse cuál es la auténtica razón que guía el proceder del Gobierno español.

El profesor de Sistemas de Información en IE Business School, Enrique Dans, por ejemplo niega que exista impunidad en la comisión de delitos en Twitter; opina que legislar de forma específica para las redes sociales es "una barbaridad que demuestra una inclinación por el control que ralla la peligrosidad o lo cuasi dictatorial"; y afirma que el único problema de las redes sociales es que permiten "una bidireccionalidad que da miedo a los políticos". Una idea que ronda también por la cabeza de Jorge Campanillas, abogado especializado en Derecho Tecnológico en el bufete Iurismática de Donostia, quien interpreta que no existe la impunidad denunciada por las altas esferas del poder desde el mismo momento en que se han producido arrestos y este tipo de conductas están siendo perseguidas. "Todo eso me da que pensar que reguladas ya están..." ironiza.

¿Desincentivar su uso? En este sentido, este experto -fue ponente en la subcomisión del Ministerior del Interior celebrada a comienzos de marzo para analizar las redes sociales- agregaba que incluso existe "muchísima jurisprudencia que delimita, en un sentido o en otro, dónde está el límite entre un comentario, un insulto y la libertad de expresión". Rechazado por tanto ese argumento de la impunidad, Campanillas alude a otras dos razones de fondo: "otra cosa es si lo que se está buscando es que las penas sean superiores aprovechando la reforma del Código Penal. Y quizás desincentivar el uso entre la población de este tipo de servicios...", apostillaba en sus declaraciones a DNA.

"La red es un espacio incómodo para el poder y no cejará en su empeño de intentar controlarlo. Cualquier excusa es buena. No les demos nosotros más excusas; tengamos sentido común", concluía este abogado al tiempo que subrayaba que las acciones delictivas que puedan darse en las redes sociales -injurias, amenazas, insultos, calumnias o apología del terrorismo- ya están reguladas en el Código Penal, "incluso con el agravante de publicidad porque se hace en redes sociales, que es un gran altavoz para todo este tipo de acciones. No son cosas nuevas. Quizás el medio sea nuevo, pero esas acciones ya se han dado en el mundo off line y están reguladas".

Una opinión compartida por los colectivos Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, del Foro de Justicia Independiente (FJI) y de Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuyos portavoces sostienen que Internet "no es distinto de la vida real" y "los delitos son los mismos". Opinión bien distinta a la ofrecida ayer por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, quien dijo que "existe una doctrina riquísima" tanto sobre la libertad de expresión y sobre injurias, insultos amenazas y apología del delito, por lo que "tampoco sería difícil establecer una normativa específica" para perseguir estas conductas en Internet.

Para Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, la modificación del Código Penal sería una "excelente noticia" para colaborar en la lucha contra los delitos de odio, "especialmente" en Internet. Eso sí, especificó, la mayor dificultad para juzgar este tipo de delitos se encuentra en la autoría "ya que la mayoría de los usuarios son anónimos y los servidores de las webs con comentarios vejatorios suelen estar alojados en Estados Unidos y Canadá donde la legislación es mucho más permisiva".

Según datos del Ministerio del Interior, en 2013 se cometieron 1.172 delitos de odio, una cifra que contrasta con las 1.500 páginas web que contienen incitaciones al odio, según datos aportado por el Movimiento contra la Intolerancia.

Según Interior, las infracciones por razones de odio más comunes son las que atentan contra la orientación sexual de las víctimas, que suman un total de 452 con mayor predominio en Andalucía (101), Galicia (44) y la Comunidad Valenciana (27).