Gasteiz - El Gobierno Vasco prevé crear su propia Unidad de Apoyo ante Desastres para intervenir en situaciones de emergencia en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de ella "cuando sea requerida". La puesta en marcha de este cuerpo aparece recogida en un anteproyecto que prepara el Departamento de Seguridad, en el que también se contempla la posibilidad de imponer sanciones de hasta 600.000 euros por vulneración de la ley de emergencias.

El anteproyecto de ley, que todavía no ha sido aprobado por el Ejecutivo vasco, fue presentado ayer por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, tras el habitual Consejo de Gobierno que se celebra todos los martes.

En el texto se hace referencia a la creación de una Unidad de Apoyo ante Desastres, que dependería del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Esta unidad se encargaría de la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la comunidad autónoma "o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración". Dicha unidad también podrá realizar misiones de cooperación internacional, según se explicó desde el Gobierno Vasco.

El anteproyecto de ley ha recibido el informe favorable de la Comisión de Protección Civil de Euskadi. Por ello, una vez supere el trámite administrativo de la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo vasco, el texto será aprobado por el Consejo de Gobierno e iniciará su proceso de tramitación en el Parlamento Vasco.

El anteproyecto responde al objetivo de "poner al día" algunos aspectos de la Ley 1/1996 de Gestión de Emergencias. Beltrán de Heredia destacó que ésta fue "una norma pionera, cuyo mérito consistió en integrar en un sistema único tanto la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias, como la respuesta ante situaciones de catástrofes".

No obstante, 18 años después, se ha considerado necesario actualizar algunos aspectos de aquella normativa, "para adaptarla a las nuevas circunstancias y tecnologías, y mejorar la gestión de las emergencias". Desde el Gobierno se considera que la actualización del sistema vasco de emergencias y protección civil requiere del refuerzo de las estructuras y servicios de emergencia y protección civil. También se estima necesario "la interrelación con la ciudadanía y suplir algunas carencias en la regulación vigente" en aspectos como la organización de la previsión y alerta, los derechos y deberes de la ciudadanía, o el régimen sancionador.

Entre las novedades se incluye sanciones muy duras para aquellas personas que realicen un uso indebido del 112 o de cualquier otro teléfono o medio de comunicar emergencias. Este régimen sancionador intenta evitar el uso "perverso e inadecuado" del servicio con llamadas que provocan un despilfarro de recursos y, en ocasiones, pueden incluso llegar a dificultar la atención de emergencias reales. El texto distingue entre infracciones muy graves, graves y leves.

El uso indebido e intencionado del teléfono gratuito 112 aparece en todas las escalas de infracciones con sanciones económicas que llegado el caso podrían superar los 30.000 euros.

Así, determina que "comunicar y provocar falsos avisos de emergencia" a través del 112 u otros medios que movilicen recursos públicos para la protección civil y la atención de emergencias será una infracción muy grave; realizar llamadas "abusivas, insultantes, amenazadoras y jocosas" al mismo teléfono afectando a la eficacia del servicio se estipula como infracción grave; y si no afecta al servicio como leve.

Las multas previstas para las infracciones muy graves van de 30.000 a 600.000 euros, las graves de 1.501 a 30.000 euros, y las leves de 150 a 1.500 euros. - E. Press/V. P.