GASTEIZ. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha dado a conocer en rueda de prensa algunos detalles del anteproyecto de ley de modificación de la ley de Gestión de Emergencias que hoy ha trasladado al Consejo de Gobierno Vasco.
Este borrador, que en próximas fechas aprobará como proyecto de ley el Gobierno Vasco antes de ser remitido al Parlamento de Vitoria para su debate y votación, tiene como objetivo actualizar la actual legislación sobre esta materia que está vigente desde 1996.
La actual ley no regula sanciones por infracciones en este ámbito y el anteproyecto suple esta carencia y prevé multas de entre 150 euros y 600.000 euros, tanto a particulares como a colectivos y empresas.
La consejera ha puesto como ejemplo de infracción grave que podría conllevar la sanción máxima las llamadas falsas que se efectúen a los servicios de emergencia y que supongan la movilización de los operativos especiales.
Además, en el texto se consideran también infracciones muy graves la no elaboración o actualización de planes de autoprotección, no disponer de un seguro de responsabilidad civil o impedir inspecciones de las autoridades competentes.
También se establecen multas por ejemplo para quienes hagan llamadas "abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas" a teléfonos de emergencias que afecten a la eficacia del servicio y para quienes obstaculicen la labor de la autoridad de protección civil en situaciones de alerta.
Las sanciones, según el anteproyecto, podrán imponerlas tanto la Administración vasca como las diputaciones y los municipios, en función de sus ámbitos de competencia.
Estefanía Beltrán de Heredia también ha avanzado algunas cuestiones recogidas en el texto que implican deberes para la ciudadanía en situaciones de emergencia.
Así, el anteproyecto establece que los ciudadanos tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil, adoptar medidas de autoprotección, informar a las autoridades sobre situaciones de riesgo, colaborar en la realización de ejercicios y simulacros e intervenir en emergencias cuando se les requiera de forma justificada y proporcionada.
Los medios de comunicación estarán "obligados" a transmitir avisos e instrucciones citando la autoridad de protección civil.
Y en casos de catástrofes o de situaciones de grave riesgo colectivo las autoridades podrán exigir que los ciudadanos presten determinados servicios y también podrán requerir, intervenir, ocupar o requisar de forma temporal los bienes que sean necesarios e incluso entrar en domicilios particulares en casos de extrema necesidad.
Asimismo el texto elaborado por el Departamento de Seguridad obliga a las empresas o entidades generadoras de riesgo a disponer de planes de autoprotección y a los centros educativos a realizar ejercicios de simulacro o evacuación.
La consejera ha destacado la necesidad de actualizar la ley vigente a las nuevas circunstancias y tecnologías para reforzar las estructuras, servicios y mecanismos de previsión y prevención ante emergencias.
