MADRID. Así se desprende de una respuesta del Gobierno a la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, quien preguntaba al Ejecutivo sobre sus actuaciones previstas para afrontar el "futuro problema de salud pública" que se va a derivar de la aprobación de esta ley "restrictiva" en materia de aborto.
A juicio de la socialista, entre otros puntos esta normativa abocará al aumento de los abortos clandestinos, a que las mujeres que no tengan dinero para interrumpir de forma voluntaria su embarazo en el extranjero sometan a mayor riesgo sus vidas por prácticas peligrosas que incluso pueden llevarlas a la muerte.
Ante estas afirmaciones, el Gobierno indica que el Ministerio de Justicia está tramitando el anteproyecto de Ley, una normativa que cumple con la doctrina constitucional en la materia.
¿VULNERA TRATADOS INTERNACIONALES?
Asimismo, en otra respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, la diputada Angeles Alvarez, cuestionaba al Gobierno sobre puntos en los que contraviene el anteproyecto de Ley la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de interrupción voluntaria del embarazo y de los Tratados Internacionales firmados por España en¡materia de salud e igualdad.
El Gobierno sentencia en su respuesta que "la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo aspira a respetar escrupulosamente la doctrina constitucional y los tratados internacionales firmados por España".
Igualmente, en otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo afirma que la nueva regulación del aborto aspira a respetar escrupulosamente la exigencia de lealtad institucional que se establece de modo natural entre órganos constitucionales.
Así, menciona que el Tribunal Constitucional ha elaborado un cuerpo de doctrina sobre los principios de la Carta Magna que han de inspirar al legislador, y sólo partiendo de esas pautas, "sin forzarlas ni manipularlas, queda salvaguardado el respeto al ámbito y las funciones de cada poder constitucional".
"Mal se compadece con estos fundamentos la Ley de 2010 socialista, en la que el Estado falta a su obligación de proteger al concebido durante las primeras catorce semanas, periodo en el que se desoye la doctrina constitucional que pide que se delimiten los supuestos concretos en que el objeto de protección preferente pasaría a ser la madre", defiende el Gobierno del PP.
No en vano, dice que se trata de una ley que fue aprobada como consecuencia de una "imprevista pero radical ruptura del consenso" que, en torno a esta doctrina constitucional, permaneció vigente durante veinticinco años.
