BILBAO. El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko, Iñigo Lamarka, ha destacado la "relación continua" que mantiene con la Defensora del Pueblo española en lo que se refiere a la investigación del caso de la niña de Trebiño fallecida en Gasteiz por las complicaciones de una varicela y ha asegurado que ambas instituciones se conordianrán para"hacer un análisis compartido".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Lamarka ha recordado, además, que ha solicitado "información" al Departamento de Salud sobre "el objetivo, contenidos y conclusiones del expediente informativo" abierto por el Departamento.

Preguntado por la decisión de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de pedir a la Fiscalía un informe sobre el fallecimiento de la niña de La Puebla de Arganzón (condado de Trebiño-Burgos), que perdió la vida en Txagorritxu por las complicaciones de una varicela, Lamarka ha recordado que en el ámbito judicial, las "defensorías no podemos intervenir".

"La Defensora del Pueblo lo que ha hecho es pedir información a la Fiscalía, pero en el proceso judicial las defensorías no podemos intervenir porque es autónomo", ha indicado, para añadir no obstante que existe una "colaboración estrecha" entre la institución vasca y española.

En este contexto, ha remarcado que existe otro ámbito, "el propio de las defensorías", ya que más allá de las posibles responsabilidades penales que pudiera haber, "están las responsabilidades de la propia administracion, es decir si ha habido mala praxis administrativa".

"Aquí sí tenemos plena capacidad de actuación. Nosotros iniciamos un procedimiento de oficio y la Defensora del Pueblo hizo lo propio. Estamos en relación continua en este caso y la información que nos haga llegar la administración será la misma y en base a esos nos coordinaremos para hacer un análisis compartido", ha remarcado.

Asimismo, Lamarka ha valorado que el Departamento de Salud del Gobierno vasco anunció la apertura de un expediente informativo sobre la actuación de la médico que atendía el 112.

"Hemos pedido información sobre el objetivo, contenidos y conclusiones de este expediente. A partir de ahí, la propia administración cerrará el expediente y adoptará las decisiones correspondientes. Nosotros velaremos porque el cierre y las posibles sanciones sean las que mejor se correspondan con el ordenamiento jurídico y la defensa del interés general, en este caso de los derechos de la niña", ha añadido.