MADRID. El magistrado ha declarado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y el sobreseimiento de la causa abierta en contra de los ocho presuntos narcotraficantes. En aplicación de la nueva normativa, los tribunales españoles no pueden instruir ni perseguir estos hechos, que encajarían en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros, dice el juez.

Recuerda que si bien la Justicia española prevé una relación de delitos en los que la competencia de España va más allá de los principios de territorialidad, acogiendo el principio de persecución universal, esta competencia "se ha visto recientemente modificada, limitándola y estableciendo una serie de requisitos que suponen una muy importante restricción de la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de hechos cometidos fuera de nuestras fronteras".

Explica que los marineros arrestados no son de nacionalidad española, el barco en el que transportaban la droga no tiene pabellón de nuestro país y tampoco tenían intención de cometer el delito en España dado que fueron detenidos cuando se dirigían a Libia. "De acuerdo con tales criterios en este caso ni es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos", dice el juez en un auto hecho público este martes.

La reforma establece que la jurisdicción española sólo es competente en delitos de narcotráfico cometidos por españoles o extranjeros cuando los hechos se cometan en su territorio o a bordo de una nave que enarbole su pabellón o cuando el procedimiento lo cometa un español o una organización criminal con miras a su comisión en el territorio nacional.

"La aplicación de la reciente normativa supone, en estricta aplicación del principio de legalidad nacional e internacional, el necesario sobreseimiento de la causa, en aplicación de la Disposición Transitoria Unica de dicha ley, al carecer la jurisdicción española de competencia para conocer de los hechos enjuiciados y la consiguiente libertad de los imputados, que se encontraban en situación de prisión preventiva por esta causa", dice.

El navío fue interceptado la noche del pasado 6 de marzo a unas 60 millas al sureste de Cabo de Gata (Almería. La operación se inició cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Aduana Francesa detectaron un pesquero sospechoso, que no enarbolaba bandera, pero con rotulación en caracteres árabes en su proa, a unas 25-30 millas náuticas al sur de Almería.

La embarcación resultó sospechosa por lo "inhabitual" de la zona donde se encontraba para un barco de esas características, por lo que se estableció un dispositivo aeronaval, con helicópteros de la Agencia Tributaria. Así, el patrullero de la AEAT 'Alca' de Vigilancia Aduanera, con base en Almería, se dirigió a la zona para interceptar el buque con datos proporcionados por Aduana Francesa. Una vez localizado, abordó al pesquero y se descubrieron en la bodega los 450 fardos de hachís, que en el mercado ilícito habrían alcanzado un valor de 60 millones de euros.

Los detenidos, el buque y la droga pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Almería que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. Andreu ha ordenado la destrucción del hachís intervenido.

'ENHORABUENA' DE LA DELEGADA DE GOBIERNO La delegada del Gobierno en Andalucía Carmen Crespo ofreció tras la captura una rueda de prensa en la que dio la "enhorabuena" a los agentes de la Agencia Tributaria por esta última operación, que calificó como muy "importante" debido a la colaboración establecida entre las aduanas española, francesa e italiana para interceptar buques sospechosos. Les animó a continuar "en esta línea" con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con esta operación son ya cinco, desde el mes de junio pasado, las aprehensiones de grandes cantidades de hachís realizadas por la Agencia Tributaria en la 'ruta del Mediterráneo oriental', con un balance de más de 60 toneladas de droga incautadas. En el último medio año, los dispositivos de control dispuestos en la ruta comercial del Mediterráneo por las autoridades de Francia, Italia y España han derivado en la interceptación de ocho buques que portaban una importante carga de hachís.