Madrid. El Tribunal Constitucional ha aparcado, por el momento, sus deliberaciones sobre los recursos del PP y el Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que fueron admitidos a trámite en junio de 2010. El Tribunal de garantías rechazó suspender la aplicación de esta norma, que supone una regulación de plazos y que previsiblemente será sustituida por la de supuestos que se tramita actualmente en Cortes.

Fuentes del Tribunal de garantías señalaron a Europa Press que, aunque esta decisión no ha sido acordada formalmente en ningún órgano del tribunal, se ha impuesto la idea de que deliberar en estos momentos sobre la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría interpretarse como una "injerencia" del Constitucional en el debate político.

De este modo, la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados tras la celebración de las elecciones europeas, que tendrán lugar en mayo de este año, y previsiblemente lo hará en torno al mes de julio, según informaron fuentes populares. El actual anteproyecto de ley se encuentra como tal en periodo de consultas y es por ello por lo que no llegará a la Cámara Baja hasta que no se hayan pronunciado las comunidades y el total de 30 organismos y organizaciones a los que el Ministerio de Justicia ha remitido la nueva regulación para que estos muestren su opinión, según calculan las mismas fuentes.

Dado que son casi una cincuentena de voces expertas las que deben pronunciarse antes de que el texto sea nuevamente aprobado en el Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley, el periodo de consultas podría extenderse en torno a los seis meses, situando el inicio del verano como la antesala para su tramitación parlamentaria. Esta normativa ha suscitado una gran oposición entre los grupos del Congreso y por ejemplo en febrero será la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) la que fuerce la primera votación [11 de febrero] para pedir la retirada del anteproyecto de ley.

La ponencia de este asunto ha correspondido al magistrado conservador Andrés Ollero, si bien es poco probable que su propuesta sea llevada a próximos Plenos mientras dure el debate parlamentario. Una vez se apruebe la nueva Ley, los magistrados podrían discutir si el recurso del PP carece ya de objeto o si por el contrario el TC debe pronunciarse sobre la ley de plazos en los términos señalados en su recurso por el PP, que recurrió la actual normativa, que permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, por considerar su articulado "contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el TC en 1985".