Bilbao. La maquinaria política empezará este próximo miércoles a encuadrar en su objetivo los rasgos fundamentales que definirán la futura Ley vasca de Vivienda, una reglamentación demandada desde hacía años por formaciones políticas, agentes del sector y plataformas ciudadanas organizadas, y que finalmente verá la luz en esta décima legislatura con una apuesta decidida y firme por establecer un punto de encuentro entre todas las sensibilidades: que el acceso a un piso sea un derecho social. Es decir, que todo el mundo tenga un techo y cuatro paredes; si no a través del mercado libre, sí a manos de la Administración vasca.
El texto final nacerá después del intenso debate que se avecina para las próximas semanas. No en vano, todos los grupos parlamentarios han querido aportar su particular granito de arena a un proyecto estratégico para el país. En total, casi seiscientas enmiendas (597 en concreto; la mayoría, 216, del PNV; otras 177 del PP, 125 de UPyD, 77 de EH-Bildu y 2 del PSE) en las que se aborda el problema de la vivienda desde distintas perspectivas; desde la social hasta la económica y financiera pasando incluso por una lectura política de esta futura reglamentación que ha marcado buena parte del intercambio de opiniones previas al debate.
Principalmente a manos de los socialistas que, en los últimos tiempos, han acusado en repetidas ocasiones al PNV de retrasar la tramitación de esta norma y de no hacer uso de sus competencias en esta materia. Sin embargo, desde la tercera legislatura -año 1987- hasta la pasada -año 2012- ningún cargo del PNV ha ostentado responsabilidad en el Departamento de Vivienda. Por esa cartera han pasado, en concreto, hasta cuatro consejeros del PSE-EE, uno de Eusko Alkartasuna y otro de Ezker Batua. En total, 11 años para los socialistas, seis para EA y ocho para EB.
Función social En cualquier caso, y ajenos a esa polémica artificial, desde la formación jeltzale exponen, como idea resumen de sus enmiendas, que el acceso a una vivienda se convierta en un derecho social. Su compromiso con ese concepto es tal que incluso proponen cambiar el nombre de la ley que verá la luz y defienden denominarla Ley de Función Social de la Vivienda. "También proponemos mantener la esencia del denominado derecho subjetivo que se corresponde con el deber que tendría la administración de proporcionar vivienda a quienes no pueden obtenerla en el mercado", subrayaban desde el Grupo Nacionalistas Vascos.
En definitiva, se reconoce un derecho entre cuyos destinatarios se incluyen también las personas extranjeras residentes con vecindad administrativa. No en vano, uno de los objetivos de esta ley es afianzar la cohesión social en todas sus vertientes para que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales. "A determinados colectivos -agregaban- se les ofrece una vivienda de alquiler del parque público, o bien una ayuda económica y para ello proponemos reforzar los recursos destinados al alquiler. La situación económica de los posibles beneficiarios de este derecho de acceso a la vivienda se relaciona con los índices utilizados para las restantes políticas sociales, buscando una coherencia entre ellas", expresaban fuentes del PNV.
Además de esta línea de actuación, dar prioridad a las políticas de alquiler, los jeltzales apuestan también por intensificar las dinámicas relacionadas con la rehabilitación. "Con el fin de hacer más atractivas las actuaciones de rehabilitación hemos propuesto una reducción del porcentaje de cesión de los aprovechamientos urbanísticos, del quince al diez por ciento en suelo urbano no consolidado que es objeto de renovación y regeneración urbana, a modo de incentivo económico para la iniciativa privada", ilustraban.
Dentro de ese paquete de más de doscientas enmiendas presentadas a la futura Ley vasca de Vivienda, la formación jeltzale hace hincapié en los aspectos y consideraciones relativas a la relación entre planeamiento urbanístico y la tipología de viviendas a construir. De este modo, proponen una modificación de los estándares de suelo destinados hasta la fecha a inmuebles de protección oficial para adecuarlos a la realidad social y económica de los municipios y, por consiguiente, de las personas que residen en ellos.
Otra de las novedades que aborda el PNV en sus enmiendas tiene que ver con las viviendas de protección pública ya que en la actualidad existen cinco distintos tipos (además de los alojamientos dotacionales) y la invitación es dejar esa clasificación en tres categorías. Eso sí, se propone potenciar la figura de los alojamientos dotacionales considerados como residencia adecuada para responder a unas necesidades sociales temporales: emancipación de jóvenes, personas separadas, emigrantes,?
Viviendas deshabitadas Asimismo, los planteamientos de trabajo puestos sobre la mesa por parte del Grupo Nacionalistas Vascos hacen referencia a otras cuestiones como, por ejemplo, las casas que no están habitadas. Ante estos supuestos, se propone que en el caso de que esa vivienda estuviera deshabitada sin causa justificada, ese hecho sería entendido "como un incumplimiento" de esa función social que, a juicio de los jeltzales, debe acompañar, definir y ennoblecer esa futura reglamentación. En este sentido, uno de los puntos esenciales para EH-Bildu es el establecimiento de un canon progresivo que se incrementaría cada año con el que pretenden incentivar la salida al mercado de los pisos vacíos. Los propietarios de estas casas pagarían 10 euros al día durante el primer año, 12 el segundo y 15 euros a partir del tercer año.
Por último, también se propone que las administraciones locales y territoriales tengan competencias en materia de vivienda y sobre el patrimonio edificado y, al mismo tiempo, fomentar la colaboración interinstitucional. A este respecto, desde la coalición abertzale abogan porque el Gobierno Vasco asuma las políticas de vivienda y plantea crear un organismo público que centralice y coordine las todas las dinámicas relacionadas.
