19.000 titulares de VPO podrán comprar el suelo de su casa para no perder la concesión

Tal y como explicaron fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, esta iniciativa -que tuvo su primer proceso en 2010- "es una solución para que las personas que han comprado viviendas de protección oficial no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública; lo que en la práctica hace que transcurridos esos 75 años desde su construcción, la VPO pase de nuevo a manos de la administración debido a la extinción del derecho de superficie sin que, además, sus propietarios tengan derecho a recibir indemnización alguna".

Con tal motivo, desde el Departamento que dirige Juan María Aburto ya han comenzado a enviar las correspondientes cartas a los 19.091 propietarios a los que se les ofrece esta posibilidad. En la misiva se les informa de forma más concreta en qué consiste la operación de compra y el coste de la misma, siempre en función de las características del inmueble. Sobre ese valor total del edificio, será el 10% del mismo el que será tomado como valor total del suelo sobre el que se asienta la casa. "La cantidad resultante como valor total del suelo del edificio se distribuirá posteriormente en función de las cuotas de participación de la propiedad horizontal de cada elemento -viviendas y anejos vinculados, locales comerciales y anejos no vinculados-; y a dicha cantidad se le añadirá el IVA correspondiente". En las tres fases previas, el precio final del suelo osciló entre los 9.000 y los 25.000 euros.

Financiado a largo plazo Quienes decidan finalmente ejercitar su derecho de adquisición de la superficie de su vivienda de protección oficial, dispondrán de una financiación a largo plazo y a bajo interés para poder cubrir hasta el cien por cien de la operación y de los gastos paralelos: escrituras, registro e impuestos derivados. La Delegación Territorial de Vivienda será la encargada de analizar las solicitudes y de comunicar el precio final de la compraventa de la vivienda así como el modo y plazo para el pago de esa cantidad que, ya sea con ayuda financiera o sin ella no deberá superar el mes de plazo, comunicaban desde el Departamento.

En el primero de estos casos, el titular solicitante recibirá previamente otra carta en la que le será notificada la concesión o denegación de esas ayudas. "En el caso de que esta resolución sea positiva dispondrá de una semana de plazo máximo para personarse en cualquier entidad de las firmantes del convenio financiero en materia de vivienda con objeto de iniciar los trámites de financiación", explicaban desde el Departamento.

Otro de los aspectos técnicos a tener en cuenta en este proceso, subrayaron desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, es que aquellas personas que sean beneficiarias de un préstamo "con garantía hipotecaria concedido por el Gobierno Vasco para la adquisición de su vivienda de protección oficial, han de estar al corriente del pago del mismo desde el momento de presentar la solicitud hasta la elevación de la transmisión a escritura pública. Además, cuando se trate de viviendas con calificación temporal o viviendas que hayan perdido la protección oficial por el transcurso el plazo de calificación, sus titulares deberán solicitar simultáneamente la calificación permanente" si quieren beneficiarse de esta alternativa para lograr la plena propiedad de su vivienda, en suelo y vuelo, como se denomina técnicamente.

El 18%, viviendas sociales Según los datos facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el grueso de los titulares a los que se les presenta esta nueva oportunidad para convertirse en dueños y señores de su casa son propietarios de VPO. En concreto, 15.647 (82%) están adscritos bajo esa clasificación y el resto, 3.444 (18%) corresponderían con adjudicatarios de la tipología de viviendas sociales. En esta ocasión, y como novedad con respecto a las tres fases anteriores para poder adquirir el suelo o la propiedad indefinida, no existe un límite en cuanto a los ingresos anuales de las personas titulares de viviendas de protección oficial, lo que permitirá, confían desde el Ejecutivo vasco, que un mayor número de unidades convivenciales puedan acogerse a esta operación. Hasta ahora ese tope estaba fijado en 50.000 euros.

Los 19.091 inmuebles afectados corresponden a 14.765 viviendas con anejos vinculados que se trasmiten conjuntamente; 3.032 garajes no vinculados; 165 trasteros no vinculados y 1.129 locales comerciales. La convocatoria estará abierta a todos los inmuebles comprendidos en las fases anteriores cuyos propietarios, por diversos motivos, no llegaron a adquirirlos, incluidas las promociones que han quedado descalificadas por el transcurso del tiempo. Como resultado de las tres anteriores fases de venta de suelo, la Administración vasca obtuvo unos ingresos cercanos a los 45 millones de euros.

En 2010 se realizó la primera operación de estas características, sobre un total de 14.401 viviendas, locales comerciales y anejos. Se cerraron 1.763 operaciones de compraventa que permitieron a las arcas vascas recaudar 17,82 millones de euros adicionales. Una segunda convocatoria de compra de suelo se desarrolló en 2011, y estuvo abierta a un total de 5.445 viviendas y 1.807 locales comerciales y anejos, con un saldo de 1.226 compraventas efectuadas. El importe de los ingresos se situó en 17,45 millones de euros. Finalmente, en el año 2012 se llevó a cabo la tercera fase, en la que se elevó el techo de ingresos máximos de los posibles compradores hasta los 50.000 euros anuales. El proceso se cerró con 821 compraventas efectuadas, de las 19.838 posibles, y el importe de las mismas ascendió a 9,69 millones de euros.