sevilla. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como antidesahucios, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto-ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.

Sin embargo, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ya prepara el informe para pedir al TC el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y anunció que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el Alto Tribunal no adopte una decisión en firme.

La consejera, que con anterioridad al pronunciamiento del TC había anunciado que, una vez que el recurso fuera presentado y admitido a trámite, la Junta presentaría una solicitud formal para pedir que se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos, explicó a los medios que el informe que prepara el Gobierno andaluz aplica un artículo del Constitucional "por el que se suspende cautelarmente la norma sin entrar en el fondo".

En ese sentido, indicó que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene "años" para decidir sobre el fondo. Cortés aseguró que su petición se formula "en atención a dos elementos fundamentales", esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno "provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía", y por otro lado, al hecho de que en Catalunya "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés precisó que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva".