vitoria. Los piratas que operan en las costas del Cuerno de África obtuvieron 400 millones de dólares (unos 300 millones de euros) en pagos por rescates entre 2005 y 2012, según un informe elaborado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La mayor parte de este dinero se utilizó para financiar otras actividades delictivas, como el abastecimiento de milicias, el tráfico de armas y el de personas, aunque también se invirtió en negocios legales para poder blanquearlo.
El estudio, publicado recientemente, indica que los principales beneficiarios de este negocio son los llamados piratas financieros, que obtienen entre el 30 y el 50% de los rescates. Los soldados de a pie, es decir, los piratas que llevan a cabo el asalto de los buques, se quedan con una cantidad que oscila entre los 30.000 y los 75.000 dólares por barco (22.000 y 55.000 euros), lo que equivale a un 0,1% de los ingresos.
Según el especialista financiero del Banco Mundial coautor del estudio, Stuart Yikona, la piratería, además de representar una amenaza para la seguridad, "tiene el poder suficiente para corromper la economía, a nivel regional e internacional". La piratería tiene un coste de unos catorce mil millones de euros anuales para la economía mundial por el aumento de los costes del transporte.
La actividad marítima y pesquera se ha visto reducida significativamente en los países afectados, y el número de turistas también ha descendido. Para Yikona, la piratería requiere una respuesta coordinada de las autoridades financieras internacionales que interrumpa el flujo de dinero ilícito que produce esta actividad.
Según el jefe de la sección contra la delincuencia organizada de la ONU, Tofik Murshudlu, la comunidad internacional está ganando la batalla a los piratas en el mar, "pero debe tener cuidado de no perderla con los capos" que los mandan y manejan el dinero desde tierra. "Estos grupos criminales y sus activos continuarán siendo una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región del Cuerno de África a menos que se implementen soluciones estructurales a largo plazo para impedir su libertad de movimiento", advertía.
Francia y Bélgica Por otro lado, el Gobierno francés aprobó recientemente un proyecto de ley que permitirá a los barcos franceses contratar vigilantes privados, que podrán ir armados, para hacer frente a eventuales ataques de piratas. Se trata de reforzar "la competitividad del pabellón francés y del transporte marítimo", subrayó el Ejecutivo al término del Consejo de Ministros en un comunicado, en el que recordó que Francia era uno de los últimos países europeos que todavía no había autorizado la presencia de protección privada en sus navíos, como ya hacen otros países europeos, como España, Dinamarca o el Reino Unido.
El texto, elaborado por el ministro de Transportes, Frédéric Cuvillier, establece un marco "muy estricto de la actividad privada de protección de los barcos", señaló. Eso significa, en particular, que se exigirá tanto a las compañías que ofrezcan esos servicios como a sus vigilantes ser titulares de un carné profesional, que se obtendrá después de que se hayan verificado "criterios de moralidad y de competencia". El Gobierno justificó su iniciativa porque la piratería, además de las consecuencias físicas o psicológicas que tiene para los marinos, acarrea otras importantes de carácter económico para los armadores, ya que el impacto a nivel mundial se estima entre 7.000 y 12.000 millones de dólares.
Las autoridades francesas hasta ahora ponen militares a disposición de los armadores para su protección, pero admiten que "la Marina Nacional no puede responder a todas las demandas", que además pueden chocar con dificultades logísticas o con consideraciones diplomáticas". Tal y como dijo el primer ministro francés, que en una entrevista publicada por la revista especializada Le Marin la adopción de esta medida obedece a porque "es una fuerte demanda de nuestros armadores y la hemos oído".
Lo que se va a autorizar, según las palabras de Ayrault, es "el recurso a equipos privados capaces de completar las misiones de la Marina Nacional" y eso se hará bajo una regulación precisa mediante un decreto. En concreto, se darán autorizaciones a los que quieran ofrecer esos servicios para certificar su profesionalismo y que respetan unas "reglas mínimas". "Es un elemento importante para dar a los armadores una garantía de seguridad para sus tripulaciones y para sus cargas", comentó el jefe del Gobierno, que añadió que eso les permitirá estar en iguales condiciones que sus homólogos europeos que ya pueden recurrir a ese tipo de dispositivos.
Bélgica también está cerca de aprobar una nueva legislación que permitirá a los buques mercantes contratar a empresas belgas de seguridad privada para hacer frente a los posibles ataques de piratas somalíes, según publicó el diario La Libre Belgique. La legislación belga incluía desde principios de año una medida transitoria que permitía a los armadores recurrir a empresas privadas que operaran a nivel europeo, mientras la nueva norma mantendrá esta posibilidad con carácter definitivo y autorizará también a compañías belgas.
