madrid. Valores Éticos, la nueva asignatura creada por la Lomce como alternativa a Religión, formará a los estudiantes "en el concepto constitucional de la nación española", a "estimar" la misión de las Fuerzas Armadas, al tiempo que ataca la objeción de conciencia o la desobediencia civil y concibe como un "problema" algunos avances científicos como el uso de células madre. Estos son algunos de los contenidos del borrador de la asignatura que sustituye a Educación para la Ciudadanía (EpC) que ha sido eliminada del currículum por el Gobierno de Mariano Rajoy porque, según el PP, contenía una "alta carga ideológica". En su lugar implantará una asignatura que además de lo anterior ensalza en pleno debate sobre la Ley del aborto "el derecho a la vida", defiende la importancia de "pagar impuestos" y define como "peligros" la eutanasia o la eugenesia.

El planteamiento que de ciertos aspectos hace la nueva asignatura no ha caído bien entre algunos sindicatos, profesionales y asociaciones de padres, que ven en Valores Éticos un afán adoctrinador por parte del Gobierno del Partido Popular. Ha mostrado sus reservas incluso Profesionales por la Ética, una de las asociaciones más activas la pasada legislatura contra Educación para la Ciudadanía (EpC), aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que provocó que cerca de 55.000 familias decidieran que sus hijos objetasen a ella, al entender que el Estado pretendía suplantar a las familias en la formación de la conciencia de sus hijos.

No obstante, el Tribunal Supremo zanjó la polémica liderada por el sector más conservador de la sociedad espoleado por el PP blindando la asignatura, al estimar que EpC no lesionaba los derechos de los padres. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó la demanda que presentaron 14 familias vascas por entender que Educación para la Ciudadanía no vulneraba derechos fundamentales.

Según Profesionales por la Ética, las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos (Primaria) y Valores Éticos (ESO) "deberían ceñirse" a describir y explicar conceptos de sociología, derecho, politología y filosofía adaptados a cada etapa "sin imponer como refutables valores, opiniones, creencias o ideologías sujetas a discusión". Esta reflexión choca con algunos de los contenidos que Valores Éticos llevará a las aulas, como que la desobediencia civil y la objeción de conciencia son "problemas" ya que "implican la desobediencia a las leyes del Estado a la que están sometidos todos los ciudadanos". En paralelo propone a los estudiantes que describan y "estimen" la importancia "de la misión de las Fuerzas Armadas acerca de la seguridad y defensa de España". Ya se ha cerrado el plazo de alegaciones al borrador de esta materia que se encuentra a la espera del dictamen del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de representación de la comunidad educativa.

Revisión de 150 materias Valores Éticos y su gemela en Primaria son dos de las 150 materias que deberán ser revisadas en los libros de texto. Ayer el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), José Moyano, afirmó que ya trabajan, aunque un poco "apretados" de tiempo, con los borradores de los planes de estudio facilitados por el Ministerio de Educación a la espera de que se aprueben los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria, ESO y Bachillerato y FP básica y se conozcan posteriormente los complementos autonómicos. La reforma educativa, que se implantará en tres años, empezará en septiembre en primero, tercero y quinto de Primaria, y en la nueva FP básica (de 14 titulaciones), aunque los editores trabajan con la perspectiva de etapas completas para lograr los objetivos de conjunto de cada una de ellas.

Según señaló Moyano, necesitarían conocer en marzo como muy tarde los contenidos que dependen de las comunidades, al menos en la fase de borrador. Y añadió que la ampliación del calendario de implantación de la Lomce en un curso -hasta 2016-2017- permitirá una incorporación de cambios académicos "más serena". Aun así, manifestó que la inversión no deja de ser arriesgada ante la perspectiva de que la legislación educativa se modifique dentro de unos años si cambia el signo político del Gobierno.