vitoria. La exigencia del Certificado de Eficiencia Energética en todas las viviendas que salen al mercado inmobiliario ya lleva más de seis meses en vigor, pero sigue siendo una obligación poco conocida por los propietarios y aún genera muchas dudas, además de haber dado lugar a prácticas bastante dudosas, a denuncias y a cierta competencia entre los profesionales capacitados para realizar las certificaciones. En la Comunidad Autónoma Vasca "más del noventa por ciento" de las operaciones de compraventa de vivienda que se han realizado desde junio han cumplido con el requisito de aportar el correspondiente Certificado Energético, aunque "siempre hay excepciones". En el Estado español la aplicación del Real Decreto 235/2013, para la Certificación Energética de los Edificios o parte de estos, se está cumpliendo de manera bastante lenta e irregular y los expertos calculan que todavía un 70% de las viviendas en situación de venta o alquiler carecen de la obligatoria Etiqueta Energética. En la mayor parte de las comunidades autónomas, a la polémica por la variedad de precios de las certificaciones y la posibilidad de realizarlas a través de una web -sin que el técnico se desplace al inmueble-, se suma ahora una práctica en aumento: que el propietario y el comprador o arrendador de una vivienda se pongan de acuerdo para no exigir el certificado y descontar el coste de su elaboración del precio de venta o de la renta del inmueble.
En Euskadi, sin embargo, prácticamente no se dan casos de renuncia del preceptivo certificado y la aportación del documento a la hora de firmar la venta se está cumpliendo de forma mayoritaria, según los datos aportados por el Colegio Notarial del País Vasco. Mario Martínez de Butrón, decano de los notarios vascos, señaló que poco después de entrar en vigor el Real Decreto hubo ciertas dudas a la hora de aplicar la norma en la compraventa de locales, garajes y trasteros, pues no estaba claro si quedaban exentos o no. Añadió que ahora el Gobierno vasco ultima una normativa propia sobre Certificaciones Energéticas que "clarifica y aplica el sentido común" sobre algunos aspectos, lo que facilitará su correcta aplicación.
No obstante, Martínez de Butrón aseguró que "en la gran mayoría de las operaciones, en más del 90% de las transacciones, se cumple la obligación de aportar el Certificado Energético, aunque siempre puede haber excepciones". De hecho, el decano recuerda la venta de una vivienda cuyo propietario era la Administración y en la que, debido a la urgencia y otros motivos, se prescindió de la presentación del certificado. "La norma general es que el vendedor presenta en el momento de la transacción el certificado que ha realizado el técnico competente, en la notaría se fotocopia la primera página y cuando ha podido ser inscrito en el Registro de Certificaciones que ha puesto en marcha el Gobierno vasco también se incluye", apuntó el representante de los notarios del País Vasco. Una de las razones para el elevado grado de cumplimiento de la nueva norma que se registra en Euskadi es que la mayor parte de las operaciones de compraventa se realizan a través de inmobiliarias y estas -según Mario Martínez de Butrón- "cumplen a rajatabla la obligación de contar con el Certificado de Eficiencia Energética". También hay un elevado porcentaje del mercado de alquiler que se gestiona a través de las inmobiliarias y sus responsables se encargan de apremiar al propietario para que solicite el certificado.
En los pocos casos en los que los notarios se encuentran con compradores y vendedores dispuestos a renunciar a la calificación energética, el notario debe informar a ambas partes de que se trata de "un requisito impuesto por la Ley, de que es obligatorio y de que quienes lo incumplan se exponen a sanciones que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros de multa". Martínez de Butrón puntualizó que "si, pese a las advertencias, las dos partes se ponen de acuerdo el notario no puede negarse al otorgamiento de la escritura".
En su momento el Consejo General del Notariado hizo pública una circular informando a los fedatarios sobre la obligación de entregar o exhibir el certificado y el Colegio Notarial del País Vasco tiene previsto redactar una propia cuando el Gobierno vasco apruebe la normativa autonómica y el Registro que entró en funcionamiento en julio comience a emitir las etiquetas de forma inmediata. En estos momentos, sin embargo, algunos expertos sostienen que "si las partes demandan el otorgamiento de la escritura pese a no tener el certificado, el notario no puede negarse a ello. No obstante, el vendedor estaría incumpliendo una obligación y ese incumplimiento podría generar una sanción administrativa".
Directiva europea La exigencia de Certificación Energética a todas las viviendas deriva de una Directiva europea (2009/91/CE del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2020) que el Gobierno español aplicó primero para las de nueva construcción (artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo) y desde abril de este año (con vigencia a partir de junio) para las de segunda mano en el mercado inmobiliario. Aunque los técnicos insisten en que la obtención de los CEE -que califican las viviendas en función de su gasto energético con letras que van de la A (las más eficientes) a la G (las menos eficientes)- no es un trámite más y que ese proceso puede contribuir a reducir el consumo de energía, la factura energética y las emisiones de CO2, la mayoría de los ciudadanos percibe esta obligación como otra manera de recaudar ideada por el Gobierno español.
Los profesionales del sector inmobiliario y los colegios profesionales de los técnicos habilitados para realizar las certificaciones consideran que la Administración española ha dado muy poca difusión tanto a la propia norma como a sus fundamentos, lo que dificulta y ralentiza su aplicación. Al escaso interés que las certificaciones y las posibilidades de mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios han despertado en los propietarios se une que la mayoría de los inmuebles analizados obtienen las calificaciones más bajas. Se estima que las calificaciones de nivel 'A' otorgadas hasta el momento no llegan al 1%.
Por lo que respecta al coste de realización de las certificaciones, los expertos destacan que hay una gran variedad de precios, que oscilan entre los 35 y los 200 euros, en la mayor parte del Estado español. Aunque también advierten de que "las ofertas" de certificados on line por precios irrisorios, que no pueden cubrir el desplazamiento del técnico, las mediciones y el informe, son "fraudulentas", ya que es el propietario de la vivienda el que obtiene y aporta los datos y un "presunto programa informático" elabora el documento. Según una asociación técnica especializada en eficiencia energética, los precios medios en el Estado español para una certificación de viviendas de menos de 50 metros cuadrados oscila entre los 125 y los 150 euros; para pisos entre 50 y 80 m2 la certificación saldría por 140-165 euros; y para casas de 80 a 120 m2 habría que abonar 160-185 euros. En el País Vasco, sin embargo, las certificaciones son algo más caras -unos 300 euros de media para viviendas individuales y hasta 1.000 para otros tipos- ya que es una de las comunidades con precios más altos.
