El Departamento de Sanidad británico confirmó ayer su voluntad de restringir el acceso de los extranjeros a la sanidad pública. Los planes están en línea con las intenciones ya proyectadas en octubre y buscan reducir los 600 millones de euros que le cuesta a los contribuyentes el atender a los ciudadanos sin residencia permanente, incluidos los británicos expatriados que vuelven ocasionalmente al país. De acuerdo con estos planes, los extranjeros comunitarios sin residencia indefinida seguirán accediendo gratis a la sanidad pública.
