Baiona. Bien al resguardo de las rachas de viento y lluvia que se padecieron durante las 4 horas que duró la protesta festiva, con la participación de músicos y artistas como Alabaren Semeak, y mientras se degustaban talos hechos in situ por las ikastolas y sidra de cinco enormes kupelas, fueron miles de alumnos, padres y profesores de las ikastolas de Iparralde, quienes expresaron su firme voluntad de no ceder. Hacían frente así a la nueva política anti-ikastolas que está aplicando la prefectura de los Pirineos Atlánticos desde Pau, en especial desde la llegada de París del nuevo subprefecto de Baiona, Patrick Dalennes.

Dalennes está utilizando una ley de 1850, nacida para controlar la educación no laica o privada religiosa, conocida como Ley Falloux, para evitar que las ikastolas puedan seguir creciendo y respondiendo a las necesidades de las poblaciones. Sin considerar ni reconocer que las ikastolas prestan servicio público, Paris tiene la intención de utilizar la ley Falloux para impedir que puedan destinarse ayudas de las instituciones locales a la creación o remodelación de las ikastolas, lo que de facto implica un intento de frenar la inmersión en euskera que proponen Seaska, las ikastolas y los electos locales de Iparralde como política lingüística para salvar nuestro idioma.

El argumento de París es que la instrucción pública ya garantiza la enseñanza bilingüe, en la medida de lo económicamente razonable según ellos, pero "es totalmente insuficiente", explica a DNA Maialen Minvill, madre de la ikastola Oihana, "porque solo se imparten tres horas en euskera y todo el resto es en francés, en un entorno francés, por eso nunca se adquiere el nivel suficiente para vivir en euskera".

En términos parecidos se expresa la profesora de la ikastola de Amikuze, Maite Etxeberria: "En la instrucción pública bilingüe no hay opción, no se garantiza el derecho al euskera", afirma. En su pueblo Donapaleu, la ikastola ocupa igualmente un terreno público aunque como en otros lugares, Seaska ha costeado el crédito bancario para su construcción, que sin embargo sigue siendo de propiedad pública. Tanto en Donapaleu, como en Baiona y en las nuevas ikastolas que han sido levantadas en Iparralde en los últimos años, Seaska ha conseguido que se reconozca en las colectividades locales el servicio público que prestan las ikastolas, así como el papel fundamental que desempeñan en el futuro del euskera.

Sin embargo, la prefectura de Pau ha logrado bloquear un proyecto de ampliación de la ikastola de Hendaia. Desde que en el 2006 se ideó el proyecto, no ha podido ponerse en marcha en el 2013 como fue previsto inicialmente y "ni siquiera se podrá en 2014 y tampoco sabemos su futuro", dice Txema Egiguren. Primero fue Hendaia y luego Beskoitze. Al inicio del curso escolar, el sub-prefecto patrick Dalennes envío una carta al alcalde de esta localidad pidiéndole que anulase la decisión del Consistorio de ceder un terreno público a la ikastola, añadiendo que en todo caso podía vendérselo a la ikastola como a otra empresa social.

Desde que en 1993 el alcalde de Biarritz justificó como forma de desobediencia las decisiones de ayudar a las ikastolas, las ayudas de las colectividades que han permitido el desarrollo que han vivido las ikastolas de Iparralde siempre han sido cuestionadas desde Paris.

"Ahora las leyes se han endurecido", confesaba recientemente un electo local del UMP. Dudoso que sea cosa de leyes y no de política, de una política que en palabras de Paxkal Indo, presidente de Seaska, "busca extinguir el euskera", porque después de Hendaia y Beskoitze han hecho lo mismo en Hazparne, enviando una carta en la que anuncian que de aquí en adelante el gobierno central no permitirá que las colectividades territoriales destinen ayudas a las ikastolas.