madrid. Los violadores excarcelados por el fin de la doctrina Parot son sometidos a ciertos controles policiales ante la alarma social que ha generado su puesta en libertad, según admitieron fuentes de la investigación ayer, el mismo día en que se conoció el recurso de la Abogacía del Estado a una de las excarcelaciones más polémicas, la de Manuel Ricart.
Se trata de "seguimientos no invasivos", según las fuentes, en los que se compatibiliza la labor preventiva de las Fuerzas de Seguridad del Estado con el respeto a los derechos individuales de estos expresos, quienes ya han cumplido condena y gozan de todas las garantías civiles.
Aunque desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no se ofrecen detalles de estos dispositivos de vigilancia, sus máximos responsables ya han ofrecido en público algunas pistas sobre el control preventivo de algunos de los presos excarcelados sobre los que se tiene más cautela ante la posibilidad de que vuelvan a delinquir. En el punto de mira están, sobre todo, los excarcelados por delitos sexuales, ya que en muchos casos este tipo de condenados no logra rehabilitarse durante su estancia en prisión.
Los controles policiales a los violadores de la doctrina Parot no consisten necesariamente en seguimientos, sino que más bien son controles preventivos en su lugares de residencia para detectar si existe peligro de que puedan volver a actuar.
El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que su departamento establecería, en colaboración con la Fiscalía, las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana tras las excarcelaciones de presos terroristas, violadores y asesinos tras anularse la doctrina Parot que los mantenía en las cárceles. "Estamos coordinados con la Fiscalía para establecer las medidas en el marco de la ley necesarias para garantizar la seguridad de la gente", afirmó el ministro, en alusión a unos protocolos internos vigentes desde hace mucho tiempo. Aunque no se conocen sus contenidos exactos, y se aplican desde hace años, estos protocolos establecen un papel activo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en su función de prevención del delito, mientras que deja a la Fiscalía un papel más pasivo en relación a la represión de las conductas criminales.
Es decir, según las fuentes consultadas, la Policía y la Guardia Civil se encargan de establecer los sistemas de vigilancia para la prevención de los excarcelados y si detecta alguna conducta sospechosa lo ponen en conocimiento de la Fiscalía respectiva. La vigilancia o control preventivo de presos que han cumplido su condena, como en este caso, afecta a sus derechos constitucionales y por ese motivo se articula de forma que no se vean afectados. Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó estos días que dentro de las competencias policiales se está llevando a cabo una labor de prevención general que de ningún modo puede suponer una "conculcación de derechos individuales".
ajuste a la ley En este contexto, el fiscal jefe de Barcelona ha garantizado al abogado del loco del chándal que la vigilancia a la que está siendo sometido su cliente se ajusta a la legalidad y, además, le puede servir para protegerle frente a posibles reacciones por su excarcelación.
Respecto a una de las excarcelaciones más polémicas, la de Manuel Ricart, la Abogacía del Estado anunció ayer a la Audiencia de Valencia la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra su salida de la cárcel. Según el escrito de la Abogacía del Estado, el modo en que la Audiencia liquidó la condena de Ricart deja sin efecto la doctrina del Tribunal Supremo sobre la redención de penas, que el Alto Tribunal estableció en 2006 que debe descontarse del total de condenas y no de los 30 años de cumplimiento máximo, la denominada doctrina Parot.
