El juez dice que anticipar la paga extra a los empleados de la UPV no es delito

Las diligencias previas abiertas por el juzgado de Getxo respondieron a una denuncia de un miembro del Consejo de Gobierno universitario que consideraba que el rector había perpetrado "un delito contra la Administración pública" con el adelanto de la paga, que buscaba paliar la medida del Gobierno español que ordenó suprimir la extra de Navidad de 2012.

A través de un comunicado, Iñaki Goirizelaia destacó que la resolución judicial "respalda" su actuación. "No hubo ningún delito en mi defensa de los derechos de los trabajadores", manifestó el rector al conocer el auto judicial que le exime de toda responsabilidad por el anticipo de nómina realizado.

Según indicó, la resolución judicial, "en su breve exposición", es "contundente a este respecto" y dice que "no ha quedado acreditada la perpetración de una infracción penal" y que "a la vista de la documentación que obra en autos y de las manifestaciones vertidas por el imputado, se desprende la más absoluta falta de elementos que determinen, aunque fuera de forma indiciaria, la comisión de hecho delictivo alguno por el señor Goirizelaia".

la denuncia El rector recordó que las diligencias previas, activadas para la comprobación del posible delito, eran fruto de la denuncia realizada por un miembro del Consejo de Gobierno de la UPV-EHU. El Juzgado rechazó la condición de perjudicado y de acusación particular de este denunciante, como consecuencia de la estimación de un recurso planteado por la defensa del rector.

La declaración del rector, que supuso su comparecencia en dos ocasiones, julio y noviembre (si bien solo declaró en la última de ellas), se produjo una vez que la Fiscalía, ante la que el denunciante también había presentado su denuncia, archivase las diligencias.

El rector posibilitó en diciembre de 2012 que los trabajadores de la Universidad que así lo desearan percibieran un anticipo de la paga extraordinaria de junio de 2013, con el objeto de que pudieran "paliar las consecuencias de la medida adoptada por el Gobierno del Estado de suprimir la paga extraordinaria de diciembre de 2012".

"Tenía la convicción moral de haber obrado rectamente, también la solvente información de los servicios jurídicos de la universidad y, junto a ella, la solidaridad de colectivos y cargos públicos muy numerosos de la comunidad universitaria", dijo el rector, para añadir que ahora tiene, además, "la declaración contundente por parte de la Justicia de que no hubo la comisión de ningún delito por facilitar el ejercicio del derecho de los trabajadores a que percibieran un anticipo de sus retribuciones".

"Esto me llena de satisfacción, como rector, y creo que es muy positivo para la institución. Pero también quiero valorarlo en el plano personal, porque estaba en juego una conducta, un modo de hacer, un sentido de la decencia y de la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Todo ello se hallaba en entredicho y ahora la Justicia, sencillamente, ha puesto las cosas y a cada cual en su sitio", concluyó.