Gasteiz. La CAV se ha convertido en la primera comunidad que toma medidas para resarcir a las personas más perjudicadas por el copago farmacéutico, dando vía libre a unas retribuciones que se podrán cobrar antes de junio. La compensación por el copago se podrá solicitar antes de fin de año dado que ayer el Gobierno Vasco aprobó el decreto de ayudas que permite que pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, desempleados sin prestación e inmigrantes en situación irregular que carezcan de recursos sean compensados económicamente por las sumas abonadas para adquirir sus medicamentos. Este decreto dará lugar a una orden que se publicará antes de fin de año y tras la que se podrán pedir las compensaciones, que se realizarán con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2013. Compensaciones que vienen a paliar el encarecimiento de los fármacos al que deben hacer frente numerosos ciudadanos tras la decisión del Gobierno del PP de aplicar un modelo que obliga, por ejemplo a los pensionistas, a un desembolso del 10% del precio, con unos determinados topes.

Más de 400.000 personas se verán beneficiadas por estas devoluciones que se realizarán en un plazo máximo de seis meses a contar desde diciembre ya que será entonces cuando se dé luz verde a la norma que regulará la documentación necesaria para acceder a las prestaciones. Según el consejero de Salud, Jon Darpón, la intención es la de hacer este abono cada tres meses. Por lo que estos seis meses iniciales no significan que se vayan a realizar solo dos pagos. Estas remuneraciones contarán con una dotación económica de 18 millones de euros ampliables en los presupuestos de 2014.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que presentó ayer el decreto junto al consejero de Salud, Jon Darpón, defendió que el Gobierno autonómico tiene "competencias" para aprobar una normativa de este tipo, y confió en que el Gobierno central no la recurra ante los tribunales.

El consejero de Salud consideró que, a través de este decreto, se contribuye a "preservar de manera efectiva el principio de equidad en Euskadi" y confío en que el Gobierno central no recurra el decreto. A su juicio, "con esta medida no se está cuestionando la ley por la que se estableció el nuevo modelo de copago, sino que se trata de unas ayudas sociales concedidas para garantizar la igualdad en materia de salud". Además, defendió que esta medida se sitúa "en la línea de actuación se inspira en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre las que recuerda que "animan a impulsar intervenciones a favor de la equidad en salud y a que los gobiernos trabajen en la reducción de desigualdades en este ámbito".

El objetivo de estos pagos, tal y como defiende el gabinete de Iñigo Urkullu, es "asegurar la adherencia a los tratamientos médicos de determinados grupos de población en situación objetiva de enfermedad y necesidad, que de otra forma no podrían costear los medicamentos que necesitan".

Los colectivos más beneficiados por estas prestaciones son los pensionistas que dispongan de unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros. Otro grupo al que está dirigido el decreto es el de las personas que se hallen en situación legal de desempleo y no perciban prestación por desempleo ni Renta de Garantía de Ingresos. Asimismo, se contempla a las personas inmigrantes en situación irregular, con un año de empadronamiento en Euskadi y que carezcan de recursos económicos.