VITORIA. La comisión del Parlamento Vasco que pretende regular los clubes de cannabis retoma hoy su actividad con la comparecencia de la jefe de psquiatría del Hospital Santiago Apóstol, Ana González Pinto, el doctor Guillermo López Vivanco y el médico de salud pública Joseba Zabala Galán. Ellos aportarán la opinión científica sobre el consumo de cannabis. En la CAV existen más de setenta clubs de estas características que agrupan a más de diez mil consumidores. Asociaciones que, pese a basarse en el autocultivo para el consumo propio, denuncian serios problemas de inseguridad jurídica.

Martín Barriuso, de la Federación de Asociaciones de personas usuarias de cannabis (FAC), asegura que algunos de estos clubs reúnen a cientos de miembros y otros apenas aglutinan a una cincuentena. "Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente consume a título individual y no está integrada en ninguna asociación. Inscritas con la denominación de cannabis o cáñamo hay setenta, pero habría que ver si todas ellas están en funcionamiento", especifica.

Para evaluar la necesidad de esta regularización y arrojar luz sobre este tema, sesenta expertos intervendrán en la Cámara vasca con el objetivo de buscar y aprobar un marco jurídico que permita a las asociaciones de cannabis actuar con normalidad. Y es que el reglamento vasco organizaría el funcionamiento de aquellas asociaciones de usuarios que cultivan hachís para sus miembros.

Después de estar paralizada un tiempo a raíz de las elecciones autonómicas de 2012, la comisión retomó en octubre la actividad. La semana pasada, los parlamentarios escucharon la opinión, entre otros, de Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien manifestó que no veía obligación legal en regular el consumo compartido de cannabis a pesar de que dicho consumo no sea un delito. No obstante, precisó "que eso no supone que sea un derecho subjetivo", es decir, que sea un derecho que pueda reclamarse ante los tribunales.

Sin embargo, desde los clubs, se reivindica la regulación como una necesidad. "La situación de inseguridad es absoluta, no podemos seguir así. Por ejemplo como ocurrió el otro día, en que la Ertzaintza intervino un cultivo donde habían estado los parlamentarios de visita oficial", afirma Barriuso. "O que yo mismo, y otros dos compañeros, nos enfrentemos a seis años de cárcel y nos hayan puesto un millón de fianza por pertenecer a una asociación que ya ha sido declarada legal dos veces. Exigimos una regulación. Lo que no puede ser es que dependamos del criterio o del humor que tenga esa día el juez o el policía de turno", subraya. "Cualquier avance será positivo pero donde hay que cambiar la ley es en Madrid, modificando el Código Penal y la Ley de estupefacientes para tener un marco legal claro", refuerza.

El fenómeno de los clubes de cannabis es cada vez más acusado. A juicio de los fumadores, cada día la presión policial y judicial es mayor y lo que es peor, la normativa está llena de contradicciones. El consumo no es ilegal, el tráfico está prohibido, llevar cannabis encima no está permitido, en los clubes se puede consumir... un laberinto que solo un reglamento podría resolver.

La Generalitat catalana está siguiendo los mismos pasos que el Gobierno Vasco con el objetivo de consensuar una propuesta que tiene que servir para poner orden y regularizar un sector que, en los últimos años, ha crecido con mucha fuerza. Según el Gobierno catalán y las propias asociaciones, en Catalunya puede haber unos 300 clubes de cannabis que agrupan a más de 50.000 consumidores.