ESTA noche Madrid no disfrutó de grandes fiestas de Halloween en la ciudad como las que hubo en años anteriores. En Euskadi, la Ertzaintza puso en marcha desde hace ya varias semanas un dispositivo especial de vigilancia de discotecas y salas de fiesta donde se vigiló que no se había superado el exceso de aforo y que se cumplían todas las medidas de seguridad. Seguramente esta es la única lección que se ha aprendido de la tragedia del Madrid Arena. Katia (18 años), Rocío (18), Cristina (18), Belén (17) y Teresa (20) perdieron la vida en una macrofiesta de Halloween hace hoy un año en un pabellón municipal que se había cedido casi en exclusiva al empresario Miguel Ángel Flores, amigo del entonces vicealcalde de Madrid.

El cúmulo de despropósitos de esa noche parece no tener fin. El primero, el exceso de aforo. El máximo del Madrid Arena es de 12.000 personas. El Ayuntamiento lo rebajó a 10.650 para el evento "por seguridad". La empresa de Flores, Diviertt, comunicó una previsión de asistencia de entre 5.000 y 6.000 usuarios. Ante el juez aseguró haber vendido 9.650 pases de entre 15 y 50 euros. Eso no incluía la lista VIP ni las ventas extraoficiales. Asistentes a la fiesta -incluidos, menores de edad- adquirieron entradas en colegios, institutos y a las puertas del Arena. El recuento elevó la cifra hasta las 16.791 entradas. La Policía calcula que el aforo estuvo entre las 19.000 y las 23.000 personas. El arquitecto de Madridec cree que en la pista había cuatro o cinco veces más personas de lo permitido.

La segunda fue la falta de seguridad interna: Seguriber dejó pasar a personas sin entrada, no impidió la introducción de alcohol o bengalas, no se cercioró de que las vías de salida permanecían expeditas y no elaboró el plan de evacuación. Además, abrió el portón de emergencias por donde unas 2.500 personas accedieron a la pista central. Esto fue determinante para que se produjese la avalancha. El responsable de las cámaras de vigilancia no sabía cómo funcionaban y no se percató de las cinco aglomeraciones precedentes que se produjeron en los pasillos. Seguriber cobró 10 euros a los usuarios del parking y les permitió hacer botellón. Juan José París Nalda, coordinador de vigilantes, confesó que el número de vigilantes se redujo respecto a ocasiones similares para ahorrar costes. La Policía Municipal no puso una sola multa por hacer el botellón. El Ayuntamiento de Ana Botella envió a 18 agentes cuando, horas antes, había destinado a 42 para controlar un evento de un programa de televisión con muchos menos asistentes.

El Arena no estaba preparado para acoger macroeventos. La enfermería, con una camilla, no tenía desfibrilador ni ningún otro material médico. La Comunidad de Madrid no revisó la instalación. El médico contratado por Diviertt era Simón Viñals, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y de 72 años de edad. Su hijo, funcionario del departamento de Salud del Consistorio, le auxiliaba. Completaba el grupo un ATS amigo de ambos de 81 años. Las ambulancias, simples unidades de transporte sin capacidad para dar soporte vital avanzado, eran de la empresa de otro hijo de Viñals. Los técnicos del Samur que acudieron a las instalaciones denunciaron que Viñals no intentó reanimar a las tres jóvenes fallecidas durante el mínimo de 30 minutos que establece el protocolo. También le acusan de no tener desfibrilador. La descoordinación existente en el Ayuntamiento hizo que el Samur ni siquiera estuviese avisado de la celebración de la macrofiesta.

Un pabellón sin permiso Una inspección policial alertó en 2006 de que el Madrid Arena carece de permiso de funcionamiento. El Ayuntamiento de Madrid intentó obtenerlo en 2009, pero le fue denegado debido a las deficiencias de la instalación. En 2010, un informe municipal detalló graves problemas de seguridad pero no los arregló porque ello habría supuesto una inversión millonaria para adaptar el pabellón a la normativa más actual. Aunque el Consistorio alega que todo está en regla, ni siquiera existe el acuerdo del pleno municipal que serviría para legalizar la puesta en marcha del edificio. La cámara del pasillo donde se produjeron las muertes dejó de funcionar en 2010, sin que fuese reparada. Y no era la única. La instalación carecía, asimismo, del obligatorio plan de autoprotección.

Pese a todo este rosario de despropósitos, Miguel Ángel Flores, el promotor de aquella fiesta, y principal imputado en la causa, y los otros 24 imputados, incluyendo una decena de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra en libertad y ni siquiera hay un escrito de acusación de la Fiscalía contra él.