Bogotá. La hoja de coca no ha dejado ningún beneficio al campesinado colombiano. Tan sólo le ha permitido vivir dignamente. Prueba de ello es el estado de los míseros caseríos entre serranías casi ocultas por la selva y de imposible acceso. En estas aldeas no hay rastro alguno de riqueza, más bien todo lo contrario. El lujo, los coches y las mansiones tienen otras direcciones, la de narcos, grandes capos y aliados que viven en zonas exclusivas.
La diferencia entre la coca y cualquier otro cultivo tradicional en regiones como el sur de Bolívar, en el corazón de Colombia, radica en la posibilidad de vender el producto, de "acceder" a los mercados, sentencia Eliécer Acuña, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados en la región de Magdalena Medio. Sin embargo, la yuca, el maíz o el plátano no son rentables porque no tienen salida comercial y sólo tiene planta para autoconsumo. Un campesino puede obtener una ganancia neta, cada dos meses, de 500.000 pesos (unos 200 euros) por vender un kilo de hoja de coca, y sin necesidad de desplazarse por tortuosos caminos, un dinero que casi no alcanza ni el salario mínimo. Pero mucho menos da cultivar la yuca donde "no sacas ni lo que inviertes en producirla... la regalas", asegura el labrador.
¿Dónde están entonces los beneficios de la droga? "La tienen los narcotraficantes, los senadores que compran sus votos y han sido socios con los paramilitares que acaparaban toda la base de coca que llega a los cristalizaderos para convertirla en cocaína y transportarla... Los grandes laboratorios están en la selva", denuncia un líder campesino.
La coca sigue siendo un peso fuerte, pero no tanto. Un informe de la ONU revela que Perú ya supera a Colombia en producción de coca con 60.400 hectáreas cultivadas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registra una densidad de 47.790 hectáreas de hoja de coca en Colombia, con una disminución del 25% frente al 2011. De los 23 de 32 departamentos del país donde se cultiva, sólo se incrementó en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander. En el sur de Bolívar, la zona visitada por la ONG Alboan, también ha ido decayendo la producción en los últimos años.
Con el inicio del Plan Colombia en 2000 se inició el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante una intensiva fumigación aérea con glifosato (herbicidas químicos) que pasó a ser la columna vertebral de las operaciones antinarcóticos en el marco de la alianza bilateral colombo-estadounidense contra las drogas.
Sin embargo, las medidas de erradicación (arrancar de raíz las plantas de coca, tarea que custodia el Ejército) y fumigación (lluvia de veneno) para arrasar con los cultivos ilícitos está teniendo resultados "desastrosos para la tierra y para los campesinos", admite Libardo Valderrama, responsable del equipo de Acción Humanitaria y Prevención del SJR en Magdalena Medio.
Por un lado, el Estado no invierte en estas regiones y, por otro, el hecho de que la coca sea perseguida ha elevado su coste pero no el beneficio que el narcotraficante paga al campesino. Las fumigaciones están afectando además a otros cultivos, al bosque y a los acuíferos que beben y utilizan para su trabajo, además de provocar el desplazamiento de aves y especies.
El campesino vive aislado, no tiene carreteras para transportar sus cosechas y el Estado se olvida de garantizar la educación pública en zonas rurales conflictivas, lo que supone que, a falta de tres meses para finalizar el curso, el profesorado asignado a poblaciones del Magdalena Medio, todavía no se había incorporado a clase pese a haber cobrado su sueldo, para lo que alega tener "miedo". Entre 1998 y 2006, los campesinos vivieron atrapados entre guerrillas y paramilitares, sin poder bajar a la ciudad, "mucha gente vio como acribillaban a su mujer, a sus hijos y hermanos, y eso no se ha borrado". Ahora se ven de nuevo revictimizados y obligados a desplazarse de sus tierras por falta de alternativas para educar a sus hijos. En otros casos, los padres optan por no llevarlos a clase para evitar que las nuevas guerrillas y bandas criminales los vinculen a su causa. "Tenemos unos hijos y la herencia que les queremos dar es el estudio, por eso nos vemos obligados a moverlos a la ciudad, pero detrás de ellos van sus madres y los hombres nos quedamos solos en el campo con el deterioro que eso supone para la familia", lamenta un campesino.
alternativas
Ni cultivos tradicionales ni minería ni madera
"Si erradican y no dan soluciones, seguiremos sembrando porque es el único sustento para nuestras familias en estas regiones", reiteran voces de campesinos cocacoleros que, añaden, con "la pasta que se gastan en helicópteros norteamericanos se podrían alimentar a muchas familias". Antes de la llegada de la coca, se vivía de la madera, de la yuca, del arroz, el plátano o el maíz, pero las familias quisieron tener un proyecto de "vida más digno " y cambiaron de cultivos porque no podían venderlos. Por ejemplo, el maíz no se puede transportar a San Pablo porque no existen centros de acopio y, además, los precios de los productos están "tirados". Dicen estar dispuestos a sustituir sus cultivos pero "no de esta forma, militarizando la zona y fumigando todo tipo de campos, lo que es coca y lo que no". Algunos narran cómo se acogieron en su día a planes de erradicación con el compromiso de obtener unas ayudas que, o bien no llegaron, o menguaron por lo que "tocó volver a cultivar".
El Estado recurre a la fuerza para suprimir los cultivos ilícitos, pero la realidad del hambre es más tozuda, y el labrador no abandona la planta que le da de comer. Saben que volverán a sembrar sobre los campos fumigados aunque la tierra necesite mucho más tiempo y abonos para producir nuevas cosechas. También los narcos han utilizado semillas más resistentes para evitar los ataques químicos...
Otra opción rentable para vivir de la tierra sería la minería, pero el Gobierno también se ha declarado la guerra a esta actividad, como en su momento ocurrió con la madera. Las estrategias del Estado han ido dirigidas, apuntan, a favorecer la concesión de vastas extensiones de tierra a grandes multinacionales y empresas, para minería y otros cultivos, mientras "echan a los campesinos de su medio de vida". Con el agravante de que muchas de estas tierras están declaradas reservas forestales y no hay un marco legal de propiedad para el campesino.
El SJR trabaja en estas comunidades para que lideren nuevas iniciativas productivas, ofreciendo formación y acompañamiento, además de apoyo a infraestructuras y centros educativos. Desde 1998, estas aldeas vienen reclamando una vía del diálogo al Estado para lograr que la sustitución de cultivos conlleve los recursos necesarios para vivir del medio rural. "Estamos convencidos de que si hubiera una planta transformadora para la yuca y el maíz, no habría coca", explican. El problema no es la mata sino "el gran sistema de comercialización de la coca que ha tenido capacidad para afrontar el pago de todos los sobornos o la deuda externa del país...", censura Libardo.
demanda al estado
Fumigaciones que acaban con plantaciones de cacao
La Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Alta del Municipio de San Pablo (Asocazul) denuncia que esta práctica no ha servido para "controlar ni para eliminar la coca". En esta zona se contabilizaban el año pasado 3.700 hectáreas de coca tras doce años consecutivos de fumigaciones, en muchos casos hasta dos veces al año. "La disminución de cultivos que hemos controlado es porque ha habido una decisión voluntaria de abandonarlos a través de otros proyectos", aseguran Artemio Mejía y Esther Luiz Cruz. En concreto, Asocazul representa a las 146 familias que apostaron en 2005 por un proyecto alternativo para trabajar cinco hectáreas de cacao por familia, sostenidas con una línea de créditos, además de activar otras áreas como la salud, titulación de tierra, mejora de viviendas o producción y comercialización de alimentos.
A partir del año 2000 comenzó a emerger una fuerza social y campesina para introducir nuevos cultivos como el cacao, el caucho, la palma, además de otras explotaciones ganaderas, todo ello gracias a la ayuda de la cooperación internacional y al Plan Colombia. "Hubo un gran esfuerzo pero el mercado no corresponde en precios, y hay campesinos abandonando el cacao porque es exigente en mano de obra y no les da para vivir", exponen.
Asocazul ha abierto otro frente importante: defienden a las 28 familias que se han quedado sin cultivos como consecuencia de las fumigaciones. Y se han armado jurídicamente para presentar una demanda conjunta contra el Estado, buscando no sólo el reconocimiento económico sino también evitar que estos hechos se repitan. La vía judicial se ha iniciado en el municipio de Cartagena y está pendiente de resolución. Libardo cree que el Estado indemnizará a los agricultores antes de que la demanda prospere, como ocurrió con la queja que presentó Ecuador ante La Haya en un caso similar (fumigaciones de Colombia que afectaron al país vecino) y "para evitar jurisprudencia". Fumigaciones que, además, han tenido otras consecuencias negativas para la seguridad alimentaria y nuevos desplazamientos como si de una estrategia planificada se tratase, la de "sacar a los campesinos de sus territorios", apostilla.
