vitoria. En apenas unos pocos días, los grupos municipales de Gasteiz debatirán qué impuestos y tasas municipales va a cobrar el Ayuntamiento a los vecinos el próximo año, en un contexto ciertamente difícil. El Consistorio va a contar con menos fondos de la Diputación porque ya se han agotado los pagos de las vacaciones fiscales, pero los vitorianos, como todo el mundo, están financieramente exhaustos, más incluso que sus instituciones. Así, cada formación debe decidir si apuesta por subir los impuestos y precios municipales, si los congela o si los baja.

Entre estas tres opciones hay todo un abanico de matices, y en esos detalles trabajan ahora mismo el partido de gobierno y los de la oposición. En el PP aseguran que este año su plan pasa por congelar los impuestos (El IBI, el de Construcción, el IAE, el de Vehículos y el de Plusvalías), pues "no es el momento de implantar una subida generalizada". Así se ha hecho además en los dos ejercicios anteriores.

Por ese lado, la apuesta municipal está clara. No se ha decidido, por contra, si las tasas municipales, los precios que se cobran por coger el autobús, por acceder a los servicios de los centros cívicos, por la recogida de basuras y por el abastecimiento de agua, o por la instalación de veladores, subirán, bajarán o se congelarán.

En el PP recuerdan, en todo caso, que la mayor parte de los fondos con los que trabaja Vitoria provienen de la Diputación, a través del Fofel, y aseguran que su apuesta pasa más por "una mejor gestión que por subir los impuestos".

Desde el PNV, su portavoz, Gorka Urtaran, parte de la filosofía del pacto fiscal de la CAV cerrado entre PSE y jeltzales y al que se ha sumado el PP -lo que influirá en el diseño de las tasas por parte de los populares-, y apuesta por "llegar a acuerdos basados en la justicia social y la progresividad, que las cargas no sean para las clases medias". En todo caso, los nacionalistas no se posicionarán sobre subidas, bajadas o congelaciones hasta que el PP explique con qué ingresos va a contar el municipio y aclare cuál va ser su política fiscal, datos que se conocerán la próxima semana. "En el debate de ingresos y gastos tenemos que decidir qué queremos hacer, saber cuánto cuesta, comprobar si hay dinero, y si no lo hay ver qué hay que modificar para obtenerlo", explica Urtaran. La decisión última consiste en poner en la balanza el gasto que se quiere realizar y la subida impositiva que supone (si es que es necesaria), y determinar qué compensa más a la ciudad.

El portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, defiende adecuar la mayor parte de las figuras impositivas a criterios de renta, como ya ocurre con el IBI, ahora que los datos de los contribuyentes gasteiztarras fluyen con relativa facilidad entre las haciendas foral y municipal. Lazcoz señala que la aplicación de la progresividad a la hora de cobrar los impuestos puede lograr, además de un reparto más justo de las cargas, una mayor recaudación para el Ayuntamiento.

El portavoz del PSE recuerda que "hay figuras fiscales que permiten más o menos juego", y que el Consistorio debería establecer qué precios públicos "pueden funcionar como impuestos directos o indirectos". En los casos en los que no haya margen para cobrar al ciudadano en función de su renta, el PSE apuesta por "no tocar el bolsillo, congelar los precios o subirlos por debajo del IPC", y Lazcoz pone como ejemplo el transporte público.

más margen para los municipios El portavoz socialista recuerda que son muy pocos los conceptos por los que se puede cobrar de forma directa, en relación a la renta, como sucede con el IBI. Por ello, reclama que las Juntas Generales abran un debate para dar más margen a los ayuntamientos alaveses a la hora de cobrar sus impuestos, no tanto en lo relativo a las cuantías como a la forma de distribuir las cargas fiscales. "De ese modo podríamos tener una fiscalidad más progresiva", señala.

EH Bildu, por su parte, defiende también una mayor progresividad en el cobro de impuestos y tasas municipales en Vitoria, de tal forma que las mayores cargas recaigan en las rentas más altas y que los sectores más desfavorecidos se vean menos castigados en plena crisis económica.