MADRID. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria ha explicado que los expertos consideran que, a día de hoy, no es probable que se produzcan movimientos sísmicos "relevantes".
No obstante, ha asegurado que "el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación".
Soria ha recordado que las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, han activado sus respectivos planes de sismicidad "en el nivel más bajo existente", el cero, lo que responde a que, "en opinión de los técnicos, la situación no es preocupante".
Asimismo, ha reiterado que la actividad de inyección de gas no se retomará mientras los técnicos no garanticen que se trata de una instalación segura para la población.
Por el momento, "no se ha planteado que no abra nunca más", ha asegurado Soria, quien ha insistido que lo que está sobre la mesa es que la instalación no reanude su actividad hasta que se cumplan "cien por cien" las condiciones de seguridad para la población.
En este sentido, ha rehusado abordar quién cargará con el coste del almacenamiento si se cierra definitivamente y ha recordado que las instalaciones energéticas las pagan los usuarios vía recibo del gas o de la luz una vez entran en funcionamiento.
En cualquier caso, el Ejecutivo ha encargado una auditoría externa para comprobar que el coste final del almacén coincide con el trasladado al Ministerio por la empresa concesionaria Escal UGS, controlada por ACS.
El proyecto fue presupuestado inicialmente en 700 millones de euros, pero parece ser que el coste final estará "por encima de esa cuantía", ha añadido.
Soria ha detallado que existe un grupo de seguimiento técnico integrado por expertos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico Minero, de Industria y de las empresas.
El Gobierno, ha afirmado, está siguiendo las recomendaciones que "día a día" presenta este grupo, entre las que figura la instalación, este fin de semana, de dos sismógrafos adicionales en la zona para tener información más precisa sobre los movimientos sísmicos que se puedan producir.
Además, también hay un grupo interministerial que hace un seguimiento diario de los movimientos sísmicos, al tiempo que ha anunciado que el próximo lunes se reunirán en Industria con representantes de los ejecutivos catalán y valenciano, de las delegaciones del Gobierno en estas autonomías y los alcaldes de los municipios afectados.
El ministro ha explicado que "el procedimiento administrativo" para autorizar este tipo de instalaciones es reglado y, en este caso, "se ha seguido en todos sus pasos", por lo que la autorización "se ha otorgado correctamente".
En 2008, el gobierno socialista concedió la explotación de un almacenamiento en la ubicación que actualmente ocupa Castor y un año después el Consejo de Ministros aprobó la correspondiente declaración de impacto ambiental.
El ministro ha defendido que "a la luz de lo ocurrido" la declaración de impacto ambiental debería "haber recogido consideraciones sobre cuestiones sísmicas", algo que no ocurrió.
En 2010, se dio autorización administrativa y en 2012, el Gobierno le otorgó el acta de puesta en marcha provisional, que se concede para comprobar "que la instalación funciona correctamente" y que, en este caso, le fue retirada el pasado día 26 de septiembre debido a la actividad sísmica.
Solo tras comprobar que funciona correctamente se concede la autorización definitiva, que, en el caso de Castor, "no se ha dado y por el momento no se va a dar", ha subrayado el ministro.
El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.
El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los seísmos que se están produciendo en la zona.
