vitoria. La nueva penalización a los fármacos que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad recibió ayer un sonoro portazo. El día de su supuesta entrada en vigor, el copago de fármacos hospitalarios fue un caos, pasó de largo por la geografía española y volvió a soliviantar los ánimos del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco que reiteró ayer la petición a la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que "rectifique" y retire la orden. Además corroboró que si sigue adelante, recurrirá la resolución en un plazo máximo de 30 días. La orden del Ministerio establecía que desde ayer mismo los pacientes no ingresados deberán asumir una aportación por los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros. La medida afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes.

Aunque el Gobierno Vasco apela en primer lugar a la conciliación y confía -inútilmente a tenor de todos los datos- en que "rectifique", retire dicha orden y convoque el Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que participan las comunidades autónomas, para debatir sobre la aplicación del copago farmacéutico. En el caso de que en los próximos días no se produzca esa rectificación, actuación que el Ministerio ya ha adelantado que no se llevará a efecto, el Ejecutivo autonómico presentará un recurso administrativo de alzada para la paralización cautelar de la orden ministerial, para lo que tiene un plazo de 30 días a contar desde ayer, según fuentes del Departamento vasco de Salud. En el supuesto de que se rechazara el recurso de alzada, el Ejecutivo vasco recurriría a la vía judicial e interpondría un recurso en el que pediría también la paralización cautelar.

Para reforzar aún más su posición contraria, EAJ/PNV ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno de España a "dejar sin efecto" la resolución que establece el llamado copago farmacéutico hospitalario. Para los jeltzales, la medida es "injusta y perjudica gravemente a las personas con enfermedades crónicas graves" y que además "va en contra del principio de equidad porque afecta de forma arbitraria y desigual a las personas". A su juicio, no se puede permitir que "todo lo conseguido se degrade por medio de decisiones impuestas que no han sido ni negociadas ni consensuadas con los representantes institucionales y vulnerando competencias".

El PP ya ha contestado y, en palabras de la secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, todas las autonomías "tienen obligación de cumplir la ley", y confía en que, "más allá del debate político a corto plazo, sabrán apostar por los pacientes" y por el sistema sanitario, con medidas como el copago de medicamentos hospitalarios. Farjas recalcó que las medidas del Gobierno central "buscan la equidad" y la "cohesión". La secretaria insistió en que corresponde a las autonomías poner en marcha el modelo de copago en sus servicios de salud y desarrollar el sistema.

"El Gobierno lo que ha hecho es dar un marco normativo que garantice la equidad, que garantice un modelo de participación de usuarios más equitativo y progresivo, que proteja a los que menos tienen y, además, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", remarcó Farjas.