vitoria. Colegios abiertos, aulas semivacías y miles de docentes de la red concertada en la calle. Esta es la foto de la jornada de huelga convocada ayer para exigir la negociación de un convenio propio de ámbito vasco y el abono de las cantidades detraídas de las nóminas del profesorado desde mayo de 2010 hasta diciembre de 2012 por parte de Kristau Eskola y la Asociación Independientes de Centros de Enseñanza (AICE). La respuesta al paro fue masiva, aunque la mayoría de las familias que decidieron llevar a sus hijos e hijas al colegio lo pudo hacer con total normalidad porque, al margen de los servicios mínimos, muchos centros ofrecieron los servicios de comedor y transporte.

Pese al baile de cifras del seguimiento (el 80%, según los sindicatos y el 48%, según la patronal) la huelga fue histórica ya que el de la concertada es un sector bastante remiso a adoptar acciones de fuerza como la de ayer. En Vitoria, decenas de profesionales recorrieron el centro de la ciudad coreando consignas como Menos oración, más negociación y El docente luchando, también está enseñando, igual que en el resto de las capitales vascas.

El responsable de ELA, Xabier Irastorza, acusó tanto al Gobierno Vasco como a las patronales del empeoramiento de las condiciones laborales ya que, a su entender, tanto Kristau Eskola como AICE han repercutido exclusivamente en la plantilla los recortes aplicados por el Gobierno Vasco: bajada salarial del 5% que el Tribunal Supremo obliga a devolver, la reducción del módulo del concierto y el desequilibrio de financiación pública.

"La patronal dice que es un conflicto entre Gobierno Vasco y los sindicatos, y el Ejecutivo dice que es un conflicto entre patronal y sindicatos", afirmó Irastorza quien manifestó que la crisis que vive la red concertada vasca -el 50% del sistema educativo- "es el mayor ataque a la educación de los últimos 25 años". Los sindicatos convocantes ELA, CCOO, STEE-EILAS, LAB y UGT aseguraron que no abandonarán las protestas hasta que logren tres peticiones básicas. Por un lado, exigen el cumplimiento del convenio incumplido de manera "unilateral" por las patronales y la devolución del salario detraído. Piden retomar la negociación del nuevo convenio tomando como punto de partida en convenio anterior. Asimismo, solicitan que ante la reforma laboral se garantice el cumplimiento del contenido del convenio de la CAV en todos los centros y su vigencia hasta la firma del siguiente. En caso de que no se produzca un acercamiento, los sindicatos ya han convocado varias movilizaciones en la semana del 21 al 25 de octubre y del 25 al 29 de noviembre.

"Intoxicación sindical" Por su parte, Kristau Eskola lamentó "profundamente la intoxicación informativa promovida por las organizaciones sindicales con el objetivo de lograr un seguimiento masivo" y que se eleve la conflictividad en los centros "sabiendo que la solución no está en los centros", sino en el Gobierno Vasco, que destina 9.000 euros por alumno a la red pública por 4.000 a la concertada. A través de una nota, la patronal que integra 137 centros religiosos y el 27% del alumnado vasco, afirmó que "Kristau Eskola, está y estará a favor de un convenio sectorial de la enseñanza de Euskadi que garantice la sostenibilidad de los centros".

En su circular negó haber roto las negociaciones y aseguró que mantiene " la firme intención de seguir con la negociación, que se ha roto por el inmovilismo y maximalismo de unos sindicatos ajenos a la sostenibilidad y viabilidad de los centros". Reiteró su "compromiso de mantener íntegramente las condiciones laborales que están sujetas el Módulo de Financiación del Gobierno Vasco". En respuesta a la postura de Kristau Eskola, Irastorza (ELA) emplazó a las patronales a que si no aceptan las políticas de recortes "que las combatan al igual que nosotros".

La patronal de los centros religiosos también recordó que firmó el pasado 28 de junio con los sindicatos un acuerdo para hacer efectivo el pago de las diferencias salariales generadas desde 2010, que suman 18 millones de euros para los centros de su red. "Esto supone que el peso del conflicto pasó a los titulares y no a los trabajadores, como han estado jaleando los sindicatos a sus bases". Por último, rebatió "la información falsa y perversa que los sindicatos han trasladado a los trabajadores y a la sociedad de que la pérdida salarial va a ser de 12.000 euros por trabajador". Además, denunció que los requerimientos del sistema de conciertos hacen tales rebajas "ilegales".