vitoria. Cuál es la justificación económica, política y social para que Alfonso Alonso firmase un contrato por el que los vitorianos pagan ya 50.000 euros al mes al empresario Gonzalo Antón por el alquiler de unos locales de cerca de 900 metros en la calle San Antonio. Ésta es la duda fundamental que tiene el Ayuntamiento y la razón de que la oposición al ejecutivo del PP haya impulsado una comisión de investigación. No es la única -atrás quedan las de Sidenor, los chalés de Ali e Ibaiondo...-, pero sí la primera de la era Maroto en la que, a buen seguro, tendrá que comparecer el alcalde, entonces también miembro del gobierno. En este contexto arrancó ayer la comisión de investigación por el alquiler de los locales de San Antonio, tras unos minutos de desconcierto inicial hasta que el alcalde cumplió con el papeleo y firmó el decreto que da vía libre al inicio de unas sesiones que, como mucho, se alargarán cuatro meses.

PNV, PSE y Bildu también pedirán explicaciones al exalcalde y al expresidente del Alavés, aunque ninguno de los dos tiene obligación de comparecer al no ser concejales. "Esto no es un tribunal, ni una caza de brujas", declaró ayer la recién nombrada presidenta de la comisión de investigación, la socialista Maite Berrocal. "El único objetivo es analizar las posibilidades legales que tenemos para rescindir un contrato que cuesta miles de euros a los ciudadanos sin que el Ayuntamiento salga perjudicado económicamente".

De momento, -y así lo han advertido los servicios jurídicos municipales- el Ayuntamiento lo tiene complicado, debido a la polémica cláusula que, en caso de rescisión, obliga a abonar veinte años de arrendamiento al propietario. Por eso se espera que en la sala de comisiones se escuche en los próximos días la voz de expertos que analicen las circunstancias que rodearon la firma, el contexto en el que se rubricó hace ocho años el contrato y los precios que entonces regían en el mercado para inmuebles similares del centro de Gasteiz. Según Berrocal, en aquella época, el Ayuntamiento también firmó otros contratos de alquiler que no se le parecían en nada a éste.

La presidenta de la comisión de investigación explicó que cuando su partido llegó a la Alcaldía la pasada legislatura encargó un informe sobre los arrendamientos que tenía en vigor el Ayuntamiento. Los más caros eran los de la oficina de turismo, el edificio Ertza y los locales de San Antonio. Los dos primeros se podían cancelar, con el preceptivo previo aviso a los dueños de los inmuebles, pero el de San Antonio no, salvo abonando una millonaria indemnización. "¿Queremos saber por qué esta excepcionalidad?, ¿por qué este contrato es distinto?", se pregunta Berrocal. Distinto y caro, una cantidad nada despreciable -50.000 euros al mes- con la que podrían sobrevivir muchas asociaciones y colectivos sociales que este año se han quedado sin un euro. "No puedes justificar los continuos recortes que estás haciendo en el Ayuntamiento si luego los ciudadanos ven que se tira el dinero alegremente", apunta Berrocal.

A partir de ahora, la oposición fijará el calendario de comparecencias y dará a conocer los nombres de los declarantes. "Esperamos echar a andar con la máxima celeridad; tenemos cuatro meses de plazo hasta redactar las conclusiones, pero si se puede hacer en menos tiempo, perfecto; no queremos que esto se alargue en el tiempo, sólo encontrar una solución para poner fin a este contrato". Una solución que Maroto busca también y espera que llegue del propio Antón. El alcalde ya ha hecho un llamamiento al empresario para que rebaje de forma sustancial el precio del alquiler teniendo en cuenta que las circunstancias del mercado inmobiliario no son las mismas que hace ocho años. De momento, no ha obtenido respuesta a su petición.

La primera reunión de la comisión de investigación se celebrará hoy a las 12.00 horas, según informó Berrocal después de que el alcalde firmase ayer el decreto de nombramiento de la presidenta. En este encuentro inicial se fijará el plazo para que los partidos presenten su propuesta de personas que consideran deben comparecer en la comisión, así como la metodología del trabajo. A partir de ese momento empezará el calendario de comparecencias de una investigación que, para Maroto, carece de sentido, y lo único que busca es hacer daño a Alonso y enturbiar el día a día del Ayuntamiento.