"Con la reforma los pleitos se alargarán más"

¿Qué hace un procurador? ¿Son mensajeros de lujo?

Representamos al cliente en todo el proceso; es el profesional que presenta los escritos y hace cualquier gestión en su nombre, no solo en el juzgado sino también ante cualquier otra institución o administración como notarias, registros, Hacienda. Nuestras funciones son muchísimo más extensas que las de un mensajero, sin desmerecer claro está el trabajo de éste.

¿Es una profesión desconocida?

Sí. Es una profesión transparente, pero poco conocida para la sociedad. Eso no quiere decir que no hagamos una importante función. En primer lugar es el representante procesal de la parte ante el juzgado. Además, tiene una parte de funciones que no por desconocidas son menos importantes. El procurador es el impulsor de la ejecución en un procedimiento.

¿Cómo?

Usted tiene una sentencia que me condena a pagarle unos 20.000 euros. Y me imagino que le hará mucha ilusión, pero en realidad lo que usted quiere son sus 20.000 euros, porque si no la sentencia es como tener un tío en América. Lo tienes ahí y no sirve para mucho.

¿Y aquí entran ustedes?

Sí, en la ejecución que es la materialización de la sentencia. Jugamos un papel importante como es el de impulso. Porque mientras usted tendría prisa por cobrar los 20.000 euros, la parte demandada no tendría mucho interés y trataría de escabullirse. Por eso en cualquier parte del mundo, nuestra representación no está puesta en tela de juicio; siempre la llevan los profesionales y el motivo es el que le he expuesto.

¿Y aquí tampoco es una excepción?

Exacto. Somos el representante de la parte y luego los impulsores del procedimiento, al margen de otra serie de funciones que tenemos de carácter público como sería el realizar emplazamientos, citaciones....

La nueva ley equipararía a los letrados y procuradores. ¿Es así?

Sí. Con este cambio, salvo excepciones concretas, como los actos de ejecución o de comunicación, los abogados y procuradores podrían realizar uno u otro papel indistintamente. Por el simple hecho de estar colegiado se podría ejercer como abogado o como procurador en cualquier pleito, dependiendo de su elección. La compatibilidad entre abogacía y procuraduría colapsaría la administración de justicia.

¿Las funciones de ambos colectivos están tan bien delimitadas?

Nosotros pensamos que no son compatibles. De hecho la ley entiende que somos incompatibles en función de las distintas funciones que tenemos y de los distintos intereses que puede haber dentro del procedimiento. El abogado se debe solo a los intereses del cliente y, además es lícito que los trate de defender con todas sus armas en su poder, incluyendo el entorpecimiento del procedimiento.

¿Y el procurador tiene una doble vertiente?

Sí. Una privada que es la que conocemos, el contrato de mandato que tenemos con nuestro cliente. Y por otro lado, una función pública. En este aspecto tenemos una serie de funciones públicas que nos obliga a depender de la Administración de Justicia.

¿Cómo diría que funciona la Administración de Justicia?

Mejor de lo que cree la ciudadanía; aunque no podemos ser triunfalistas, debiera funcionar mejor. La fase declarativa está razonablemente bien. En la fase ejecutiva es la que se diluye muchísimo en el tiempo. Y es que puestos a ejecutar una sentencia económica, por ejemplo, mientras el ejecutado no tenga bienes, difícilmente se podrá terminar la ejecución. Pero también en esto se ha avanzado mucho; los medios telemáticos igualmente posibilitan hacer esas sentencias efectivas en menor tiempo. El avance es innegable.

Esta reforma para eliminar incompatibilidades tampoco ha sido demandada por los abogados. ¿A quién beneficia?

Masivamente los abogados están firmando las peticiones de los procuradores y la mayoría de sus decanos también. Además, los abogados no quieren ser procuradores y los procuradores no desean ser abogados. Los letrados donde mejor defienden los derechos de los ciudadanos es en sus despachos. Y nosotros a pie de juzgado. Empezar a jugar con estas cosas, al final puede dar lugar a que no se haga bien ni una cosa ni otra y se note que la calidad de la Justicia sea claramente inferior. Creemos que este será el efecto perverso de la ley.

El Ministerio de Economía argumenta que la eliminación de los aranceles abaratará la Justicia. ¿Es cierto?

El arancel defiende una cosa que es fundamental: el principio de la igualdad de parte. Creo que eliminándolo se rompe la igualdad de partes que en la Justicia es una barbaridad. Para algunos sectores tal vez estos criterios puedan servir, pero en la Justicia estamos hablando de los derechos para la ciudadanía. Hay derechos que son sagrados. Si me permite un comentario que suelo hacer, la gente está acostumbrada a decir: yo tengo derecho a esto y a lo otro. Yo les suele contentar siempre: usted no tiene derecho a nada si no se dan dos premisas.

¿Cuáles?

Primero que ese derecho se le reconozca y segundo que ese derecho le sea defendido. Si no se dan esas dos premisas, uno no tiene derecho a nada. De ahí la importancia de la Justicia. Una Justicia que yo creo que está infravalorada en la sociedad. Además, la Justicia suele dar muy pocos votos. Y a la gente le suele importar poco hasta que no se ve envuelta en un problema.

¿Pero realmente está en peligro su profesión?

Es indudable que con las medidas que estudia el Ministerio de Economía, en contra del de Justicia, está en peligro. Eso sin contar el descalabro que supondrá para la Justicia y para multitud de profesionales.

¿A cuántos alcanzaría?

De seguir adelante el nuevo reglamento sería una auténtica catástrofe para cerca de cincuenta mil personas que se quedarán en el paro sin ningún tipo de indemnización. No solo pensamos en los procuradores, sino en todo el equipo que suele componer el ejercicio de su profesión.

¿Qué medidas piensan adoptar?

De momento estamos tratando de recabar todo tipo de apoyo, en especial de todos los operadores jurídicos que serán los que se verán más afectados. También el apoyo de la ciudadanía que está teniendo una respuesta que nos sorprende gratamente porque no suele ser lo habitual. Y si la cosa continúa por este camino, estaríamos abocados a tomar otras medidas.

¿Qué objeto cree que tiene esta ley en los momentos actuales?

Al margen del intervencionismo que se hace en los colegios profesionales, que son entes con parte pública y otra privada y que están funcionando perfectamente y sin dar ningún problema, no se me ocurre el motivo. Tal vez el gusto del Estado por controlarlo todo...

¿A cuenta de la crisis también están las cosas difíciles para los procuradores?

Hay mucho trabajo, pero no es bueno. Si no se genera actividad económica, evidentemente no hay procedimientos buenos. Hay niveles de impago impresionantes. Somos una más de todas las piezas de dominó que han ido cayendo con la crisis. Aunque creo que las crisis siempre son cíclicas y que tras salir de una mala vamos a otra mejor. Realmente la tragedia son todas aquellas personas que se han caído por el camino y no han conseguido salir adelante.

¿Cuándo esperan que llegue el resultado de esta revolución legislativa?

Entre el periodo de informes y la tramitación parlamentaria tardará al menos un año. Un largo año de espera. Como se aguarda una sentencia...