Madrid. La apertura del tradicional Año Judicial en España puso de relieve datos significativos en materia de delincuencia. Por ejemplo, que los casos de violencia machista protagonizados por menores han experimentado un incremento del 33% en un año, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado ejercicio.

Ese mismo documento concreta que en 2011 las diligencias incoadas por esta clase de hechos fueron 473 y en 2012 consta denuncia de hasta 632 asuntos. Si bien el Ministerio Fiscal apuntaba que se trata del primer año en que se puede comparar este dato, y por tanto, "resulta prematuro extraer conclusiones de tendencias", reconocían que se trata de una subida "considerable" que "hay que lamentar".

Como principal causa de este comportamiento de menores, el máximo órgano de fiscales alegaba que los menores, en la mayoría de los casos, reproducen roles característicos de la violencia contra la mujer entre adultos: imputados con un fuerte sentido posesivo respecto a la pareja, que recurren a la violencia física y psíquica para mantenerla o víctimas menores muy estigmatizadas.

La medida a la que más se acude en estos casos es la libertad vigilada acompañada de una prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, con resultados "en general positivos" debido precisamente a la "fragilidad de los lazos afectivos subyacentes" que hacen que la relación se diluya más fácilmente por la ausencia de contacto.

Abandono familiar La Fiscalía ha constatado también un aumento de delitos de abandono de familia e impago de pensiones, al mismo tiempo que ha detectado un repunte de robos en fincas agrarias y de material eléctrico, sanitario, puertas y otros elementos en viviendas cuya construcción o venta se paralizó a consecuencia de la crisis económica. Según sostiene la Memoria de la Fiscalía General del Estado, los delitos de abandono de familia aumentaron un 9% el número de calificaciones, mientras que el impago de pensiones lo hizo en cerca de un 13%. Se incrementó además la incoación de actuaciones por los casos de robo de bebés.

La Fiscalía confirmaba, del mismo modo, un repunte en los delitos de usurpación como consecuencia de la crisis económica. Éste es el escenario presentado ayer durante la apertura del curso en la judicatura. Un panorama marcado por un declive en los procedimientos penales por delitos abiertos en 2012 (-3,15%) pese al aumento de los robos en viviendas, la ocupación de inmuebles y esos delitos de índole sexual contra los menores de edad.

Estas conclusiones aparecen reflejadas en la Memoria de 2012 que destaca "el alza" de los robos con fuerza en casas habitadas o locales abiertos al público, que se elevan un 24%, con especial atención a los robos cometidos por bandas organizadas dedicadas a la sustracción del oro de las viviendas. Aumentaron también los robos con violencia e intimidación en un 8%, los robos con fuerza en las casas en un 6% mientras que el delito de hurto se estabiliza al subir apenas un 1%.

Por último, la Fiscalía alertaba también del incremento en un 9% de la figura defraudatoria clásica de la estafa y muy concretamente de la estafa informática y subrayaba el descenso de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, si bien "no deja de preocupar" la persistencia de organizaciones que copian a marcas de ropa y complementos.

El número de jueces y fiscales es "claramente insuficiente" y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años "un deterioro en el servicio de la Justicia", señaló ayer el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. En este sentido, expresó que para mejorar su agilidad es necesario una mayor dotación de medios "y ser considerada una cuestión de Estado por los partidos políticos, que deberían llegar a un consenso sobre ella y también en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial". En concreto, Moliner anunció que harían falta 450 nuevos jueces sobre la plantilla entonces existente. "El Gobierno no solo no ha incrementado el número de jueces más que en 50 nuevas plazas, sino que además ha eliminado la figura de los jueces sustitutos y suplentes. Con todo ello, se ha producido una clara reducción de efectivos en el personal judicial que trae consigo el reto difícil de conseguir evitar un deterioro en el servicio", agregó Moliner, presidente también del CGPJ en su discurso de despedida, pues este mes acaba su mandato y el del actual CGPJ, cuyos vocales han de ser renovados por el Congreso.