vitoria. La oposición municipal en pleno -PNV, EH Bildu y PSE-EE- en el Ayuntamiento de la capital alavesa inicia el nuevo curso político con argumentos llamativos en contra del Gobierno liderado por el popular Javier Maroto. No en vano, ayer mismo, primer día oficioso tras el descanso estival, portavoces de las citadas tres formaciones políticas solicitaron la creación de una comisión capacitada para poner negro sobre blanco las claves que ayuden a explicar el contrato de alquiler de unos locales para albergar oficinas municipales situados en la calle de San Antonio, firmado por el exalcalde Alfonso Alonso, también del PP, en 2007. Dicho local y su renta se han convertido en materia cíclica y recurrente en la vida municipal desde que se tiene constancia de ellos. En ese sentido, jeltzales, la coalición de la izquierda abertzale y los socialistas han registrado una solicitud para la convocatoria "extraordinaria y urgente" de un Pleno en el que se debata una moción que tiene por objetivo la creación del citado foro auditor, algo que previsiblemente saldrá adelante al sumar la oposición 18 votos frente a los 9 del PP. En principio, fuentes consultadas por este diario asumen finales de septiembre como fecha propicia para el inicio de los trabajos del nuevo órgano.
Fuentes de Bildu, formación de la que ha partido la iniciativa, explicaban que el citado contrato de alquiler de esos locales firmado con la empresa Sbayre, propiedad del empresario Gonzalo Antón, para albergar oficinas municipales supone actualmente para las arcas municipales un total de 49.257 euros al mes, "cuatro veces más de lo que se acordó en 2007", porque cada año se actualiza 9 puntos por encima del IPC. Los mismos portavoces también indicaron que el contrato fue firmado por un plazo de 20 años y que romper dicho contrato supondría para el Consistorio tener que abonar todo lo que resta de mensualidades a pagar.
Bildu, PNV y PSE-EE han decidido solicitar esta comisión de investigación ante las "escasas explicaciones" dadas por el actual alcalde, Javier Maroto, sobre este contrato. Cabe recordar que el actual primer edil era el concejal responsable de la cartera de Hacienda y mano derecha del Ejecutivo de Alfonso Alonso, hoy portavoz parlamentario del PP en el Congreso.
La oposición considera necesario "aclarar" todo lo relativo "al proceso de gestación, adjudicación, aplicación y consecuencias de dicho contrato, incluidas las responsabilidad personales, políticas y legales que pudieran haberse producido". Sobre el particular, el equipo de gobierno informaba ayer a través de una nota de prensa de que acudirá a esa comisión y "participará en la misma con la máxima transparencia". Sin embargo, el Gabinete de Maroto denuncia el "interés repentino" de los grupos municipales por un contrato que "no ha sufrido ninguna modificación" y sobre el que, según recuerda, estos grupos políticos "no mostraron ningún interés ni preguntaron nada durante los cuatro años de mandato" del anterior alcalde, el socialista Patxi Lazcoz.
El Ejecutivo municipal lamenta que PNV, EH Bildu y PSE se preocupen más en "ensuciar el nombre de la ciudad que en defender los intereses de la ciudadanía".
Desde el PSE-EE, Lazcoz, actual portavoz del grupo municipal, afirmó que la oposición considera que en esa comisión debería comparecer Alfonso Alonso -actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados-. El representante socialista también explicó que debería dar explicaciones el actual alcalde y concejal de Hacienda en el momento en el que se fraguó ese acuerdo por el que, según recuerda, el Ayuntamiento de Vitoria "ya ha pagado más de 3 millones de euros" y supondrá "más de 7 millones" cuando finalice el alquiler.
