Gasteiz. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, no logró convencer el jueves a los grupos municipales sobre la adecuación legal del contrato del alquiler de la lonja que Gonzalo Antón arrienda al Consistorio en la calle San Antonio, y las dudas son de tal calibre que PNV, PSE y EH Bildu han unido sus fuerzas para reclamar una comisión de investigación que en un primer momento sólo había planteado la coalición soberanista.

Maroto afirmó en la Comisión de Hacienda que el contrato blindado por veinte años que firmaron el entonces alcalde, Alfonso Alonso, y el empresario vitoriano, se hizo así para que las cuotas del alquiler fueran más llevaderas, pues en estas se incluía el importe de las obras de acondicionamiento del local, que ejecutaba Antón y pagaba el Ayuntamiento. Sin embargo, en el propio contrato se especifica que esos trabajos se iban a abonar en cinco años, que empezaban a correr en el otoño de 2009. Así pues, las suspicacias que despertaba esta operación entre los grupos municipales fueron aún mayores al concluir la comparecencia de Maroto que al empezar ésta.

Tanto el actual alcalde como el empresario aseguran que fueron los técnicos municipales los que decidieron alterar el mandato de la Junta de Gobierno Local, donde se aprobó un texto que estipulaba un alquiler máximo de diez años. A la semana de adoptado el acuerdo en el órgano de gobierno de la ciudad, Alonso y Antón firmaban un documento que duplicaba la duración del alquiler y que establecía que, si el Ayuntamiento quería acabar antes con esta relación comercial, debía abonar la deuda pendiente hasta 2027.

Estas condiciones, que para la oposición favorecen de forma anormal a la empresa de Antón, las suscribió Alonso, además, meses antes de dejar el testigo al socialista Patxi Lazcoz. Cuando la nueva concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez, trató de buscar soluciones al problema, se encontró con que el contrato estaba perfectamente atado. Los servicios jurídicos municipales le advirtieron de que la ciudad tenía muy pocas posibilidades de ganar en los tribunales, y de que las costas judiciales podían ascender a los 200.000 euros.

Por todo ello, PSE, EH Bildu y PNV -hay que recordar que éste último partido es socio presupuestario del PP- han optado por la vía que más desgaste puede suponer para el Gobierno municipal "ante las escasas explicaciones dadas por el alcalde Javier Maroto sobre el contrato [...] y considerando que dichas explicaciones resultan absolutamente insuficientes y generan nuevas dudas sobre todo lo relativo a la gestación de dicho contrato".

Así pues , la moción acuerda crear la citada Comisión Especial de investigación sobre el contrato de alquiler de los locales de San Antonio, que deberá "aclarar todo lo relativo al procedimiento de gestación, adjudicación, aplicación y consecuencias de dicho contrato, incluidas las responsabilidades personales, políticas y legales que pudieran haberse producido en ese proceso".

Los trabajos deberán concluir en cuatro meses desde su puesta en marcha, según el texto, que insta al alcalde a que "en el plazo máximo de 10 días" convoque a los ediles de los grupos para ponerla en marcha. Según ha podido saber este periódico, ayer mismo se realizaron gestiones por parte del Consistorio para tratar de llegar a un acuerdo con Antón, sin éxito.

Recorte de las aes Por otro lado, según informa Europa Press, ayer Maroto denunció el "recorte" a las Ayudas de Emergencia Social por parte del Gobierno Vasco y aseguró que tratará de "convencer" al PNV para "atender" a las personas que necesitan "apoyo económico".