madrid/gasteiz. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable, no vinculante, sobre el real decreto que facilitaría una hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El informe fue votado en el pleno del Consejo del pasado martes por cuatro votos a favor y uno en contra, el de la consejera Cristina Narbona. Así, votaron a favor los consejeros Fernando Martí, Fernando Castelló (PP); Antonio Gurguñi (CIU) y Rosario Velasco (PSOE).

El real decreto sobre gestión del combustible nuclear ya fue estudiado y aprobado por el CSN el pasado 24 de abril, pero el Ministerio de Industria introdujo luego nuevas modificaciones al texto, por lo que volvió a pedir un pronunciamiento no vinculante al máximo órgano de seguridad nuclear. La clave de esas modificaciones es que introducen la posibilidad de que una central nuclear, como Garoña, pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese, si este ha obedecido a razones económicas y no de seguridad.

Para Narbona las razones de tipo económico "nunca son ajenas a la seguridad nuclear". Además, y según la exministra, se rebajan las exigencias a las empresas que operan las centrales, que ya no tendrían que solicitar una nueva autorización para explotarlas tras su cierre, sino una "renovación", que es un permiso que requiere de muchos menos requisitos que una nueva autorización. Narbona sí ha advertido que en el caso de que Nuclenor pidiera la renovación, el CSN exigirá todos los requisitos que considere y aquí el informe que emita "sí será vinculante".

Esta reforma normativa promovida por Industria, marcaría precedente para el resto de nucleares en operación. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se establecía el cese definitivo de la explotación de Garoña el pasado 6 de julio.

Nuclenor, la empresa participada por Iberdrola y Endesa que opera la central, ya se había anticipado a ese cese de actividad en diciembre de 2012 para evitar las nuevas tasas a las nucleares que entraban en vigor en enero, aunque siempre ha sostenido que estaría dispuesta a seguir operando la planta en condiciones más favorables. Con 42 años, Santa María de Garoña es la central más antigua del parque nuclear español.

Nada más conocerse las nuevas informaciones sobre la central nuclear ubicada en el burgalés Valle de Tobalina, Greenpeace anunció la presentación de alegaciones ante el Ministerio de Industria. Sus reticencias hacen referencia al proyecto de Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y los Residuos Radiactivos, porque entiende "encubre" la reapertura de Garoña. La organización ecologista denuncia el detrimento de la legislación sobre seguridad nuclear y el que mediante este proyecto se permite la continuidad de las centrales nucleares cuando hayan cesado su actividad exclusivamente por razones económicas. De hecho, añade la ONG, el proyecto contempla principalmente el caso de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ya que se introduce una disposición transitoria expresa para este supuesto.

A juicio de la responsable de la campaña Nuclear de la organización, Raquel Montón, para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria "está quebrantando" el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Y como las alegrías y las tristezas van por barrios en materia nuclear, desde el Partido Popular, la diputada por Burgos, Sandra Moneo, celebró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable sobre el decreto que facilitaría la reapertura de Garoña, a la vez que recordó que el cierre de la citada instalación atómica se produjo por motivos "políticos", en la anterior legislatura socialista. En una entrevista concedida a Europa Press, Moneo recalcó que tanto el PP como este Gobierno "siempre" han defendido la continuidad de la nuclear burgalesa y, de hecho, apuntó que, "desde el minuto primero", el jefe del Ejecutivo revocó la orden de cierre del anterior Gobierno de José Luis Zapatero. "Fue nuestro compromiso electoral y lo cumplimos", apostilló la popular. En este sentido, indicó que en todo el proceso se han dado determinados elementos que a los propietarios de la central les han llevado a no continuar con la explotación de la central. De hecho, insiste en que el cese de actividad en Garoña ha tenido lugar "por cuestiones económicas y no de seguridad", a la vez que apunta que el Gobierno tiene que valorar las cuestiones de seguridad y no las económicas.

Presiones al CSN Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que es "evidente" que existen "presiones" por parte del Gobierno hacia el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Morán se pronunció de esta manera tras el informe emitido por el regulador atómico favorable al proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que abriría la puerta a que la central nuclear de Santa María de Garoña pueda reanudar su actividad.